Durante los quince meses en los que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández Guerrero estuvo al frente del holding público, el valor de su patrimonio inmobiliario se disparó en 424.334 euros, lo que supone un incremento del 176%. Así lo reflejan las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales que este ex alto cargo presentó al inicio de su mandato y tras su salida del cargo.
Fernández fue nombrado en junio de 2018 por la ministra de Hacienda María Jesús Montero, entonces responsable del área, y cesó en octubre de 2019. En ese intervalo, su situación patrimonial experimentó un crecimiento muy superior al de su endeudamiento, según consta en la documentación oficial remitida al Registro de Bienes de Altos Cargos que recoge este lunes Abc.
El expresidente de la SEPI figura además como investigado por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones supuestamente ilegales junto a la fontanera del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso. La cuantía bajo sospecha asciende a 750.614 euros, vinculados a ayudas y contratos públicos gestionados desde el entramado estatal que controla empresas estratégicas como RTVE, Navantia, Correos, Mercasa, Tragsa, Enusa o Alestis.
Un salto patrimonial en plena etapa en el Gobierno
Cuando asumió la presidencia de la SEPI, Fernández declaró bienes inmuebles por valor de 240.439,41 euros, un pasivo de 425.000 euros, acciones valoradas en 23.000 euros, 8.000 euros en cuentas corrientes y 45.000 euros en otros derechos de contenido económico. Todo ello figura en la resolución del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del 26 de septiembre de 2018. Su retribución anual rondaba los 220.000 euros brutos.
Tras abandonar el cargo, su patrimonio inmobiliario ascendía ya a 674.773 euros, mientras que su deuda se situaba en 587.000 euros, según su propia declaración. El aumento neto del valor de sus propiedades superó con creces el crecimiento de su pasivo hipotecario. En paralelo, comunicó disponer de 7.280 euros en cuentas bancarias y 70.800 euros en otros derechos económicos, conforme a la resolución del mismo ministerio fechada el 16 de marzo de 2020.
Fernández dejó la presidencia de la SEPI el 4 de octubre de 2019, tras resultar imputado en la causa por el supuesto amaño de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, cuando era alto cargo del último Ejecutivo andaluz del PSOE. En ese procedimiento fue juzgado y finalmente absuelto.
Las declaraciones de bienes de los responsables de la Administración General del Estado se publican en el Boletín Oficial del Estado, donde se difunde el valor de los activos sin detallar su localización, con el fin de preservar la privacidad de los titulares. Los altos cargos disponen de un plazo de tres meses desde su toma de posesión o cese para comunicar cualquier variación patrimonial.
El origen del crecimiento patrimonial
El incremento del patrimonio de Fernández se intensificó a partir de 2018. En julio de 2017, cuando ejercía como interventor general de la Junta de Andalucía, adquirió un chalé de 332 metros cuadrados, con piscina y jardín, en la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación, una de las zonas residenciales más exclusivas del entorno sevillano. El valor de mercado de esta vivienda supera ampliamente la cifra que declaró oficialmente.
En la actualidad, Fernández y su esposa acumulan dos chalés y cuatro pisos repartidos entre Madrid, Sevilla y Marbella, con un valor conjunto que supera los cuatro millones de euros, además de productos de inversión financiera que rebasan el millón. Este crecimiento patrimonial tras su paso por la SEPI constituye uno de los ejes de la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en una causa dirigida por el magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña y la Fiscalía Anticorrupción.
El 18 de noviembre de 2018, apenas cinco meses después de asumir la presidencia de la SEPI, Fernández compró un piso de 228 metros cuadrados, con tres terrazas, en la zona de Puerta de Hierro, dentro del distrito Fuencarral-El Pardo. El inmueble está valorado en torno a 1,4 millones de euros y grava sobre él una hipoteca de 585.000 euros, cifra que coincide con la deuda declarada tras su salida del Gobierno.
Las pesquisas policiales se centran en un periodo posterior a su cese, entre 2021 y 2023, coincidiendo con su incorporación a Servinabar como asesor externo. Por esos servicios percibió 128.092 euros, contratación que contó con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses.
La investigación, que permanece bajo secreto de sumario, apunta a que la trama comenzó a articularse a mediados de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El juez sospecha que Fernández aprovechó su capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública para facilitar ayudas y contratos a determinadas empresas, que presuntamente le recompensaban mediante comisiones.
