En los últimos 14 años, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 768 personas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. De ese total, 214 —el 28%— corresponden a Cataluña. Dentro de la comunidad autónoma, la provincia de Barcelona concentra el 74% de esas detenciones catalanas, lo que supone 159 arrestos. Estos datos, extraídos por LA GACETA del mapa interactivo del Ministerio del Interior sobre operaciones y detenidos por yihadismo desde 2012 (actualizado a 25 de febrero), confirman a Barcelona como el principal foco de la actividad antiterrorista en el país.

La provincia barcelonesa lidera de forma sostenida las estadísticas. Cataluña —y especialmente Barcelona— acumula el mayor volumen de intervenciones, con 92 operaciones y 159 detenidos en la provincia según el mapa oficial. En 2025, España registró 100 detenciones en más de medio centenar de operaciones antiterroristas, la cifra más alta desde los atentados del 11-M en 2004. Cataluña encabezó el ranking autonómico con 33 arrestos, de los cuales 10 se produjeron en la ciudad de Barcelona y hasta 28 en la provincia. El Anuario del Terrorismo Yihadista 2025 del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET) califica a Barcelona como «epicentro operativo» de la lucha contra el yihadismo.

Desde los atentados del 11-M, el Ministerio del Interior acumula 1.216 detenidos en 512 operaciones dentro de España (más decenas en el exterior). Cataluña se mantiene consistentemente como la comunidad con mayor actividad, seguida a distancia por la Comunidad de Madrid (con 13 detenidos en 2025, seis en la capital). En los últimos cinco años, se han producido 398 detenciones por yihadismo —más de la mitad del total de los últimos 14 años—, lo que refleja una intensificación de la labor preventiva en un contexto de amenaza elevada en paralelo con aumentos exponenciales de la presión migratoria proveniente del continente africano.

En los primeros dos meses de 2026, la actividad antiterrorista prosigue a ritmo elevado. Según datos del Ministerio del Intetrior, en lo que va de año se practicaron 17 detenciones por delitos como enaltecimiento del terrorismo, autoadoctrinamiento, financiación y acceso a contenidos yihadistas.

Entre los casos destacados figura la detención el 27 de enero en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de un hombre de 38 años, propietario de una peluquería, acusado de financiar al grupo Hamás mediante el envío de cerca de 600.000 euros a través de criptomonedas. Otras detenciones se registraron en Ceuta, Valencia (dos casos), Madrid, Monzón (Huesca), La Ametlla de Mar (Tarragona), Córdoba, Ferrol (A Coruña), Cartagena (Murcia) y Agurain (Álava). Entre los perfiles figuran un menor de 16 años en Álava (por autoadoctrinamiento y posesión de armas blancas con intención de acción violenta) y una joven de 19 años en Ferrol (radicalizada desde menor de edad, con contactos con combatientes de Daesh y evidencias constatadas de envío de dinero a redes islamistas).

Los perfiles de los detenidos muestran una creciente heterogeneidad. Nacionalidades diversas, edades cada vez más bajas (en 2025, casi la mitad de los detenidos tenían menos de 25 años y varios eran menores de 18), y fusiones ideológicas que combinan narrativas del Estado Islámico, Al Qaeda, Hezbolá y Hamás. Se observan procesos de radicalización acelerada vía redes sociales, uso de criptomonedas para financiación y autoadoctrinamiento avanzado, incluso en entornos urbanos consolidados.

Aunque la intensificación de las operaciones preventivas —fruto de la colaboración entre Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra— ha evitado atentados de mayor envergadura, estas cifras también reflejan un alto grado de amenaza persistente. España mantiene desde 2015 el nivel 4 de alerta antiterrorista (riesgo alto, sobre una escala de 5), el segundo más elevado, con refuerzos periódicos en infraestructuras críticas y eventos masivos.

Expertos de la Policía Nacional consultados por este medio y los balances oficiales subrayan que la amenaza yihadista no ha desaparecido, sino que se ha adaptado. «Persiste en forma de actores solitarios, como el frustrado acuchillamiento en Vallecas en noviembre de 2025 y se ve potenciada por contextos internacionales como el conflicto en Gaza u Oriente Próximo, que aceleran narrativas de victimización y radicalización», sostienen los agentes consultados por LA GACETA.

La provincia de Barcelona, con su alta densidad demográfica y su historial (incluidos los atentados de agosto de 2017 en la Rambla y Cambrils), sigue siendo el nodo principal de esta amenaza latente. Las autoridades mantienen un nivel de alerta elevado, con operaciones que igualan en intensidad a periodos posteriores a atentados de gran letalidad. El Anuario del OIET y los balances del Ministerio del Interior indican que, pese a la eficacia preventiva, el yihadismo permanece como la principal amenaza para la seguridad nacional.