El plan anticrisis aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros no contempla rebajas fiscales ni descuentos directos para las familias, pese al deterioro del poder adquisitivo provocado por la inflación. El decreto se centra en medidas de intervención económica y en la ampliación del gasto estructural, sin introducir alivios tributarios inmediatos para hogares y trabajadores.
El texto no incluye la deflactación del IRPF ni la actualización de los mínimos personales y familiares, lo que implica que los contribuyentes seguirán pagando más impuestos en términos reales. En un contexto de inflación, esta situación incrementa la presión fiscal sobre rentas que no han crecido en términos reales, sin compensación directa desde el sistema tributario.
Además, el grueso del decreto no responde a medidas coyunturales vinculadas a la crisis energética derivada de la guerra de Irán. Cerca del 70% del contenido introduce reformas estructurales que afectan a distintos ámbitos de la economía, desde el mercado eléctrico hasta la regulación empresarial.
Entre las disposiciones más relevantes figura el control de los márgenes empresariales, la congelación temporal de los contratos de alquiler y nuevas cargas regulatorias sobre las empresas. El decreto prohíbe los despidos incluso en situaciones de fuerza mayor y obliga a compañías con más de 200 trabajadores a implantar planes de movilidad sostenible, bajo amenaza de devolución de ayudas públicas en caso de incumplimiento.
El ámbito energético concentra algunas de las decisiones más controvertidas. Varias disposiciones modifican el marco normativo del sector eléctrico sin debate parlamentario ni estudios de impacto, y refuerzan la estrategia de cierre de las centrales nucleares. El Gobierno se reserva además la capacidad de seleccionar y priorizar proyectos energéticos sin criterios objetivos definidos ni control parlamentario.
En paralelo, el Ejecutivo aprueba más de 3.400 millones de euros en suplementos y créditos extraordinarios sin Presupuestos Generales del Estado. Esta fórmula permite ampliar el gasto público mediante disposiciones incluidas en el propio decreto, lo que en la práctica equivale a introducir cambios presupuestarios sin seguir la tramitación ordinaria.
El texto también amplía las partidas de gasto social consideradas «créditos ampliables«, lo que abre la puerta a incrementos automáticos en áreas como pensiones no contributivas, prestaciones familiares o el Ingreso Mínimo Vital, sin los mecanismos habituales de control.
El resultado es un decreto que evita medidas directas de alivio fiscal para los ciudadanos y apuesta por una mayor intervención en la economía, con efectos que van más allá de la respuesta inmediata a la crisis y que inciden en el modelo energético, empresarial y presupuestario.
