El Partido Popular ha vuelto a exhibir su doble discurso en materia de inmigración y defensa de la dignidad de la mujer. Mientras el grupo parlamentario popular ha apoyado en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica presentada por VOX para prohibir el uso del velo integral en espacios públicos, los gobiernos de Ceuta y Melilla, ambos presididos por el PP, han mostrado un rechazo frontal a cualquier medida de este tipo.
El Ejecutivo de Ceuta, a través del consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha reiterado este martes su «repulsa y rechazo» a cualquier propuesta que pretenda prohibir el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, entre ellos el burka o el niqab. El portavoz ha recordado que el Pleno de la Asamblea aprobó el pasado mes de junio un acuerdo en el que expresó «de manera clara y contundente» su compromiso con los valores democráticos y los derechos fundamentales, así como su negativa a iniciativas que limiten el uso del hiyab u otros símbolos religiosos.
En la misma línea se ha pronunciado el Gobierno de Melilla. Su portavoz, Fadela Mohatar, ha asegurado que el Ejecutivo melillense «jamás» se meterá «ni con el velo islámico ni nada que constituya la libertad religiosa de cualquier comunidad». También ha recordado que en la Asamblea local ya se rechazó una iniciativa similar de VOX y ha subrayado que el PP en Melilla «no adoptará ninguna medida que suponga una afrenta a la libertad individual o religiosa».
«No vamos a ir ni contra el velo islámico ni los atavíos de una monja ni nada que tenga que ver con una expresión de la libertad religiosa«, insistió Mohatar, quien ha añadido que antes de fijar una posición definitiva es preciso analizar el contenido de la propuesta debatida en el Congreso, especialmente en lo relativo a cuestiones de seguridad.
La iniciativa de VOX plantea la prohibición del velo integral —burka y niqab— en el espacio público bajo el argumento de proteger la dignidad de las mujeres y reforzar la seguridad ciudadana. Se trata de una medida que ya rige en varios países europeos y que ha abierto un intenso debate sobre integración, libertad religiosa y derechos fundamentales.
