El Gobierno de Aragón, gobernado por el Partido Popular, incrementó de manera significativa las subvenciones públicas destinadas a Cruz Roja para programas de integración de inmigrantes, muchos de ellos procedentes de llegadas ilegales registradas en los últimos años.

Según datos exclusivos obtenidos por LA GACETA, las cantidades otorgadas ascienden a un total de 198.076 euros en tres años: 59.223 euros en 2023, 50.710 euros en 2024 y un salto escandaloso hasta los 88.143 euros en 2025. Casi 200.000 euros.

Estos fondos apoyan iniciativas de acogida e integración que perpetúan un ciclo vicioso. Cientos de inmigrantes ilegales son trasladados a la región desde focos de presión migratoria como Canarias, donde el sistema está colapsado. Una vez fletados en aviones hacia Madrid-Barajas, son derivados a ciudades aragonesas —Zaragoza, Huesca y Teruel— para su gestión por parte de Cruz Roja. Esta red de redistribución no sólo sobrecarga los recursos locales —sanidad, educación, vivienda—, sino que crea un efecto llamada imparable. Las ONG, con subvenciones públicas, actúan como imán, atrayendo más llegadas ilegales mientras los aragoneses asumen las consecuencias.

La evolución demográfica en Aragón corrobora esta tendencia alarmante, según datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). La población total ha pasado de 1.328.215 habitantes en 2022 a 1.351.591 en 2024, un crecimiento moderado del 1,76%. Sin embargo, este aumento se debe casi exclusivamente a la inmigración; los extranjeros crecieron de 165.853 (12,49% del total) en 2022 a 191.435 (14,16%) en 2024, un incremento del 15,42%.

El análisis por origen revela un dominio preocupante de la población africana. Marruecos lideró con 24.198 residentes en 2024, un aumento del 9,32% desde los 22.136 de 2022. Argelia sigue con 5.980, un 17,23% más en dos años. Este flujo, mayoritariamente ilegal, transforma el mapa demográfico y cultural de Aragón.