El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, que votó a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales y posteriormente acordó el reparto de los que entrasen por las comunidades autónomas —forzando a sus líderes regionales a romper los acuerdos con VOX—, ha criticado ahora el «efecto llamada» de Pedro Sánchez tras anunciar que haría lo mismo con 250.000 ilegales procedentes de Mauritania.
«Él, como presidente del Gobierno, tiene la obligación de articular una política real en países terceros donde es necesario actuar», ha afirmado la número dos del PP el pasado jueves 22 de agosto. «Protección de fronteras» y «actuación en países terceros», reiteró en una declaración ante los medios de comunicación. «Un trabajo desde la política exterior española en los países de origen», añadió.
Dos días antes, había sido la responsable de la política social del PP, Ana Alós, la que había planteado de forma más concreta las medidas exigidas por su partido, entre las que destaca la necesidad de «poner en marcha mecanismos de inmigración regular». En concreto, desde la oposición se ha reclamado una y otra vez que el Gobierno facilite la contratación en origen para que inmigrantes ilegales puedan venir a España a trabajar con un destino laboral ya predefinido.
«El PP no puede aceptar inmigrantes que llegan irregularmente a través de mafias para no cumplir las leyes españolas«, aseguró el líder de la formación el pasado fin de semana, responsabilizando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del «récord de inmigración ilegal» que está registrando España este año mientras países como Italia o Grecia están reduciendo llegadas.
Lo cierto es que la Unión Europea, clave a la hora de elaborar las leyes que definen bajo qué marcos están capacitados los países miembros para expulsar a los ilegales, no hace más que poner trabas y fomentar esta llegada masiva, siendo los socialdemócratas y los populares los que forman ese gobierno.
