El PP ha rechazado en el Senado una enmienda de VOX que pedía al Gobierno de Pedro Sánchez cesar en cualquier iniciativa «administrativa, normativa o política» que, bajo las llamadas políticas de «memoria histórica» o «memoria democrática», suponga «eliminar, retirar o desnaturalizar símbolos religiosos o elementos de la historia de España», especialmente «cruces y monumentos presentes en el espacio público».

La iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a instancias del senador de VOX por Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, como enmienda de modificación a una moción del Grupo Popular sobre el respaldo al papel institucional de la Iglesia católica en España y la vigencia de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.

El rechazo del PP ha abierto un nuevo choque entre ambos partidos en torno a la defensa de los símbolos cristianos, la aconfesionalidad del Estado y la respuesta institucional al islamismo. Durante el debate, el portavoz popular ha acusado a VOX de querer iniciar una «guerra santa contra el Islam» y de no respetar la aconfesionalidad del Estado.

Pelayo ha respondido a los populares que en la enmienda «no hay una sola frase que niegue la aconfesionalidad del Estado». El texto, de hecho, arrancaba con una reafirmación del «pleno respeto al principio de libertad religiosa y a la aconfesionalidad del Estado«, tal como establece el artículo 16 de la Constitución Española.

El senador de VOX ha defendido que su partido no plantea un conflicto religioso, sino una respuesta política ante problemas que, según sostiene, ya se reconocen en varias regiones donde gobiernan PP y VOX. «Si detectamos y señalamos los problemas a los que nos enfrentamos. Ustedes no deberían ser ajenos a este problema, y así lo admiten en las regiones en las que gobernamos«, ha señalado Pelayo.

La enmienda incluía también el respaldo a la vigencia de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, el reconocimiento del papel social, cultural e institucional de la Iglesia católica en España y la petición al Ejecutivo de mantener y fortalecer las relaciones de cooperación con la Iglesia y con las demás confesiones religiosas.

El punto de mayor fricción política se situó en las medidas relativas al islamismo. VOX pedía al Gobierno «rechazar el islamismo» por considerarlo incompatible con «la igualdad de los españoles, la seguridad, la dignidad de las mujeres españolas y la identidad y cultura» de España. También reclamaba frenar la «islamización» de barrios y ciudades donde, según el texto, se estarían consolidando «estados paralelos» regidos por leyes islámicas.

La formación de Santiago Abascal proponía además impulsar cambios legales para prohibir el burka y el niqab, al considerar que son prácticas incompatibles con la civilización occidental y «un atentado contra la dignidad de las mujeres». La enmienda también pedía eliminar subvenciones públicas a organizaciones vinculadas con el islamismo o que promuevan o faciliten la inmigración ilegal.

El texto incorporaba otra medida de seguridad: el cierre inmediato de mezquitas que fomenten el yihadismo o la radicalización islamista en España y la expulsión de cualquier guía espiritual, ministro de culto o responsable jurídico extranjero que desarrolle su actividad en esos centros.

Tras el voto contrario del PP, Pelayo ha acusado a los populares de mantener un discurso distinto según el territorio y les ha pedido que «terminen con sus contradicciones» y se pongan «manos a la obra». El choque vuelve a evidenciar la distancia entre ambos partidos en asuntos como la memoria democrática, la presencia pública del cristianismo y la respuesta al islamismo, pese a compartir gobiernos autonómicos y municipales en distintos puntos de España.