El Grupo Comarcal de VOX en el Vallès Occidental ha lamentado profundamente el rechazo del pleno a su moción en defensa de la prioridad nacional. La iniciativa, que buscaba proteger los servicios públicos y garantizar el acceso preferente de los españoles a las prestaciones sociales y la vivienda frente al colapso provocado por la inmigración masiva, no ha salido adelante debido al voto en contra del resto de las formaciones políticas y la abstención del PP.

Desde VOX se ha denunciado que el actual Estado de bienestar, edificado gracias al esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles, se encuentra sumido en una profunda crisis. A la asfixiante carga fiscal impuesta por los sucesivos gobiernos se suma ahora la presión insostenible de una inmigración masiva y descontrolada, promovida por las políticas de puertas abiertas del bipartidismo, que ha disparado la población de origen extranjero en España por encima del veinte por ciento en este año 2026.

La moción presentada por la formación detallaba los efectos alarmantes de esta deriva en los municipios, reflejados en la saturación de los servicios sociales, el padrón, la atención básica y la emergencia habitacional, donde una parte muy considerable de las ayudas al alquiler se destina a población extranjera mientras los trabajadores nacionales quedan postergados. Asimismo, el texto alertaba sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana, apoyándose en datos oficiales que vinculan el aumento de la criminalidad y de los delitos más graves, como las agresiones sexuales, con el descontrol migratorio.

El concejal de VOX en el Consell Comarcal del Vallès Occidental, Marcos Rodríguez, ha manifestado tras el pleno su profunda indignación ante la postura del resto de partidos.

Marcos Rodríguez ha declarado que «es una absoluta irresponsabilidad que el Consell Comarcal dé la espalda a los vecinos que con su trabajo y sacrificio sostienen el sistema público«. El concejal ha añadido que «no se puede tolerar que quienes cumplen la ley y pagan sus impuestos sean los últimos de la fila en su propia tierra, mientras el Gobierno central y la Generalitat siguen premiando la ilegalidad con regulaciones masivas.

La propuesta rechazada instaba formalmente al Gobierno a repatriar a todos los inmigrantes en situación ilegal y a reservar las prestaciones y pensiones no contributivas a los nacionales. También exigía a la Generalitat asegurar la preferencia de los españoles en el acceso a la vivienda protegida y las bonificaciones fiscales.