El PSOE puso en marcha su operación dirigida contra jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil que investigaban causas relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez apenas 16 horas después de que el presidente del Gobierno se recluyera en el Palacio de la Moncloa y publicara su conocida «Carta a la Ciudadanía«. Así lo refleja la documentación incorporada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la investigación que dirige el juez Santiago Pedraz.

Según los informes policiales y la documentación analizada por los investigadores, el partido financió con fondos propios los desplazamientos y gastos de Leire Díez, señalada por la Guardia Civil como la responsable operativa de la trama, y del empresario Javier Pérez Dolset. El objetivo, de acuerdo con las conclusiones de la UCO, habría sido desarrollar actuaciones encaminadas a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y mandos policiales vinculados a investigaciones que afectaban al Gobierno y al PSOE.

La cronología resulta especialmente comprometida para Ferraz. El 24 de abril de 2024, Pedro Sánchez conoció que su esposa, Begoña Gómez, había adquirido la condición de investigada judicialmente. Esa misma tarde anunció una reflexión pública sobre su continuidad al frente del Ejecutivo mediante una carta difundida en redes sociales. Horas después, la cúpula del Gobierno y del PSOE se reunió en Moncloa en un encuentro al que asistieron, entre otros, la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Félix Bolaños, Óscar Puente y Óscar López, además del entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

La UCO sostiene que apenas unas horas después de aquella reunión ya se habían activado los movimientos de Leire Díez. La documentación aportada por una agencia de viajes muestra que el PSOE ordenó gestionar un billete de avión para la exmilitante socialista con cargo a las cuentas del partido. La operación generó inicialmente dudas dentro de la propia agencia, ya que la solicitud fue cursada por una persona que no figuraba entre los responsables autorizados. Finalmente, según los correos electrónicos incorporados al sumario, Ferraz aclaró que se trataba de «una orden directa de Santos Cerdán«.

Al día siguiente, el PSOE también sufragó el regreso de Díez a Madrid. Según consta en conversaciones intervenidas, la propia Díez aseguró a uno de sus colaboradores que regresaba por indicación directa de Cerdán y porque disponía de información que podía ayudar al presidente del Gobierno.

La investigación sitúa además una reunión clave en la sede nacional del PSOE en la que participaron Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano e Ion Antolín, entonces responsable de Comunicación del partido. Los agentes también analizan la posible participación en algunos encuentros de Antonio Hernando, que ocupaba un puesto relevante en el equipo de Presidencia.

A partir de ese momento, según la Guardia Civil, Ferraz continuó financiando desplazamientos y gastos vinculados a una estrategia que el propio juez considera dirigida a «desestabilizar procesos judiciales». Los investigadores atribuyen a Santos Cerdán un «papel directivo» dentro de la estructura y a Leire Díez funciones de «dirección ejecutiva».

Uno de los episodios más relevantes tuvo lugar en agosto de 2024, cuando el PSOE financió un desplazamiento de Leire Díez para mantener un encuentro con el excomisario José Manuel Villarejo. La UCO sostiene que la exmilitante socialista exploró la posibilidad de alcanzar acuerdos que le permitieran acceder a información sensible sobre determinadas figuras judiciales.

Entre los objetivos figuraría el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Los investigadores destacan que en el material intervenido a Santos Cerdán aparecen anotaciones en las que se menciona expresamente al juez y supuestas informaciones comprometedoras sobre él. La Guardia Civil considera que parte de la estrategia pasaba por obtener material que pudiera utilizarse para desacreditar o presionar a responsables judiciales involucrados en causas sensibles para el PSOE.

El informe también recoge intentos de aproximación a la Fiscalía. Los agentes señalan que Leire Díez trató de promover contactos entre representantes del Ministerio Público y el entorno de Villarejo con el fin de explorar posibles beneficios procesales. En las anotaciones analizadas por la UCO aparecen referencias a llamadas que supuestamente debían producirse entre fiscales y abogados vinculados al ex comisario.

La documentación incorporada a la causa refuerza la tesis de los investigadores sobre la existencia de una estructura organizada para obtener información contra jueces, fiscales y agentes encargados de investigaciones que afectaban al entorno del presidente del Gobierno. Un operativo que, según la cronología reconstruida por la Guardia Civil, comenzó a activarse pocas horas después de que Sánchez denunciara públicamente una supuesta campaña de acoso político y anunciara sus cinco días de reflexión desde Moncloa.