La regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el PSOE tendrá consecuencias directas en el censo electoral, al abrir la puerta a que cientos de miles de extranjeros puedan, primero, legalizar su situación y, más adelante, acceder a la nacionalidad española con derecho a voto en elecciones generales y autonómicas, según avanza OkDiario. El proceso se articulará mediante real decreto y sin pasar por el control previo del Congreso.
Según las previsiones del propio Ejecutivo, más de medio millón de personas podrían beneficiarse de esta medida extraordinaria. Los requisitos planteados son muy reducidos: acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no contar con antecedentes penales. A ello se suma la posibilidad de reagrupación familiar, lo que ampliará de forma notable el número total de beneficiarios.
Una vez regularizada su situación administrativa, estas personas podrán iniciar el camino hacia la nacionalidad. La norma general fija un plazo de diez años de residencia legal, aunque existen múltiples excepciones. El tiempo se reduce a cinco años para quienes tengan estatus de refugiado y a sólo dos para ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. En determinados supuestos, como haber nacido en España, basta con un año de residencia legal.
Las cifras oficiales, sin embargo, podrían quedarse cortas. La Funcas estima que en España residen alrededor de 840.000 inmigrantes en situación irregular, un volumen sensiblemente superior al manejado por el Gobierno. Este dato refuerza la idea de que el impacto demográfico y electoral de la regularización podría ser mayor de lo anunciado.
A este escenario se añade el efecto de la conocida como ‘Ley de Nietos’, incluida en la Ley de Memoria Democrática. Esta norma permite obtener la nacionalidad a descendientes de exiliados y emigrantes, así como a hijos y nietos de españoles que perdieron su condición por razones políticas, ideológicas o incluso por matrimonio antes de 1978. También considera automáticamente exiliados a quienes abandonaron España entre 1936 y 1955.
Además, el número de potenciales votantes extranjeros se incrementa con quienes ya pueden participar en elecciones municipales. En este grupo se encuentran los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y los nacionales de países con acuerdos de reciprocidad de voto, como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú o Reino Unido, entre otros, siempre que estén empadronados.
