El proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, conocida como ley de lobbies, ha sido bloqueado en el Congreso durante más de un año, pese a que su aprobación habría obligado a registrar y hacer públicos contactos como los que ahora aparecen bajo sospecha en la investigación del caso Plus Ultra. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a abrir el debate sobre los límites entre la representación legítima de intereses y el tráfico de influencias.

La norma superó el debate de totalidad en marzo de 2025, pero desde entonces permanece prácticamente encallada en la Cámara Baja. La Comisión de Hacienda y Función Pública prorrogó hasta en 21 ocasiones el plazo para presentar enmiendas, un trámite que acabó acumulando 115 propuestas de modificación. El avance legislativo, sin embargo, sigue sin concretarse.

Fuentes parlamentarias consultadas por Artículo 14 atribuyen el atasco al PSOE, al que reprochan no haber logrado sacar adelante el dictamen pese a que la ponencia se habría reunido al menos dos veces. Desde el grupo socialista, por el contrario, defienden que han intentado recabar los apoyos necesarios, aunque admiten que la fragmentación del Congreso complica cualquier negociación.

El debate estalló de nuevo en la sesión de control al Gobierno, cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interpeló directamente a Pedro Sánchez con una pregunta que resume el fondo del problema: dónde termina el lobbismo y dónde empieza el tráfico de influencias. La cuestión cobra especial relevancia después de que Zapatero haya sido situado por la acusación como presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, APRI, lleva tiempo reclamando una regulación estatal clara y considera que el caso hace todavía más urgente desbloquear la ley. La entidad sostiene que la falta de normas precisas alimenta la confusión y acaba dañando la reputación de una actividad que, cuando se realiza con transparencia, forma parte del funcionamiento ordinario de las democracias.

Con una ley de lobbies ya en vigor, Zapatero habría tenido que inscribirse como consultor o representante de intereses si actuaba en defensa de terceros. La norma prevé un registro obligatorio para quienes realicen este tipo de actividad, así como la publicidad de las reuniones mantenidas con responsables públicos. En ese escenario, habría quedado constancia oficial de su encuentro del 7 de septiembre de 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esa reunión aparece ahora bajo el foco de la investigación judicial. Según el auto del juez José Luis Calama, aquel contacto habría servido para que el departamento dirigido por Escrivá perdonara la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social, lo que permitió a la aerolínea acceder posteriormente al rescate público.

La vicepresidenta de APRI, Irene Matías, admite que una regulación del lobby no habría garantizado por sí sola que el caso no se produjera. Sin embargo, sostiene que sí habría elevado el coste de actuar en la opacidad y habría facilitado diferenciar una gestión legítima de intereses de una intermediación irregular o encubierta.

La futura ley obligaría a quienes influyan en decisiones públicas a actuar de manera identificable, declarar qué intereses representan, inscribirse en un registro y someter sus contactos con cargos públicos a un mayor nivel de transparencia. Esto no impediría automáticamente el uso de sociedades pantalla, pagos indirectos o vías informales para ocultar gestiones, pero sí haría más visible cuándo alguien opera fuera del marco permitido.

La regulación tampoco sustituiría al Código Penal. El tráfico de influencias seguiría siendo un delito perseguible por los tribunales. La utilidad de la ley, según APRI, estaría en reducir las zonas grises, fijar obligaciones previas y evitar que actividades de influencia económica o política se desarrollen sin rastro documental.

Además, la norma incorpora un régimen sancionador. Si un consultor ejerciera sin estar inscrito, falseara datos o utilizara documentación engañosa, podría enfrentarse a una suspensión de hasta dos años en el ejercicio de la actividad. También se contempla la cancelación de la inscripción en el Registro, requisito imprescindible para poder seguir actuando como representante de intereses.

La situación actual contrasta con ese modelo obligatorio. El registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene carácter voluntario y apenas cuenta con 114 consultoras profesionales inscritas, incluyendo personas físicas. Ninguna de las entidades mencionadas en el caso Plus Ultra figura en ese listado como consultora profesional, ni existe constancia formal de las reuniones que se investigan.

Algo parecido sucede en las Cortes Generales. Desde octubre de 2020 existe un Código de Conducta que obliga a diputados y senadores a publicar en sus agendas los encuentros con grupos de interés cuando guarden relación directa con su actividad parlamentaria. Sin embargo, el grado de cumplimiento es muy bajo: según el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses, en 2024 sólo lo hicieron el 13% de los diputados y el 24% de los senadores.

El caso Zapatero ha convertido una ley paralizada en una pieza central del debate sobre transparencia institucional. Para APRI, el bloqueo legislativo no solo deja sin control una actividad sensible, sino que permite que el lobby profesional quede mezclado en la opinión pública con prácticas opacas, favores políticos o presuntas redes de influencia.