El pleno del Congreso ha votado jueves una serie de medidas presentadas por VOX a cuenta del intento de prohibición por parte de la Unión Europea de la venta de vehículos de combustión de 2035, que finalmente ha sido aplazada debido a la fuerte oposición de naciones como Italia, Polonia y Bulgaria, entre otras.
La formación que lidera Santiago Abascal se opone de manera frontal al intento de prohibición por parte de la UE, por lo que ha presentado una iniciativa con la que busca frenarla en España. De aplicarse las restricciones que quieren los burócratas de Bruselas, 72.000 puestos de trabajo se verían directamente amenazados y cientos de miles estarán en riesgo de manera indirecta.
Entre las propuestas se encuentra la de que se convoque mediante el artículo 92 de la Constitución española un referéndum en el que los españoles puedan decidir sobre las medidas en materia energética y medioambiental, que tienen impacto en los intereses nacionales y perjudican al bienestar de los ciudadanos.
Se debe tener en cuenta, que la industria de la automoción es especialmente importante en España porque representa el 10% del PIB nacional y el 18% del total de las exportaciones españolas, por lo que de aplicarse las políticas que pretendía imponer la UE la economía nacional se vería especialmente resentida.
El vicepresidente de VOX, Javier Ortega, ha sido el encargado de exponer los argumentos que la formación refleja en su moción y ha explicado que el coche eléctrico no es a día de hoy una solución para los ciudadanos debido a que su autonomía es todavía precaria, el precio de los mismos es privativo para la mayoría de los españoles y además el coste de las recargas es mucho más elevado que el de los carburantes.
Ese tipo de coches serían los que estarían obligados a utilizar los españoles en caso de que se hubiese mantenido la prohibición, algo que condenaría a muchas personas que no viven en las grandes ciudades y que necesitan un vehículo para ir a trabajar o hacer la compra, porque en los pequeños núcleos de población el transporte público es igual de inexistente que las grandes superficies comerciales.
En el caso de las medianas y grandes ciudades, las restricciones a la circulación se van a poner ya en marcha al estilo de las que rigen en la capital de España, donde el alcalde del PP impide la circulación por la M-30 y sus interiores a todos aquellos que conduzcan un vehículo de combustión matriculado en el año 2006 o anteriores.
En la moción, VOX propone que se consulte a los españoles por el modelo de movilidad que se está aplicando en las ciudades y que lleva aparejadas restricciones al vehículo privado. Este punto, al igual que el referente a la consulta sobre el modelo energético, ha sido rechazado por el resto de los partidos presentes en la Cámara, desde Bildu hasta el PP.
