El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma legal que endurece el tratamiento de los excesos de velocidad, facilitando que más conductores sean perseguidos por la vía penal. La medida ha salido adelante con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios, con el voto en contra de VOX y la abstención del PP.

El cambio no incrementa las multas administrativas ni la retirada de puntos, pero sí modifica el umbral a partir del cual una infracción pasa a ser delito. Desde ahora, superar en más de 50 km/h el límite en ciudad o en más de 70 km/h en carretera podrá implicar la apertura de un procedimiento penal. Hasta ahora, esos márgenes eran de 60 km/h en vías urbanas y 80 km/h en carretera.

Esto supone que más conductores tendrán que comparecer ante un juez. Por ejemplo, circular a 80 km/h en una vía limitada a 30 km/h en ciudad pasará a tener relevancia penal, al igual que alcanzar los 190 km/h en autopistas o los 160 km/h en carreteras convencionales.

El nuevo marco contempla penas de prisión —especialmente en casos de reincidencia—, además de multas que pueden oscilar entre 2 y 400 euros diarios durante un periodo de seis a doce meses. A ello se suma la retirada del carnet de conducir y la posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad. En algunos casos, el impacto económico total puede superar los 140.000 euros.

La reforma refleja un endurecimiento del enfoque del Gobierno en materia de tráfico, al trasladar más conductas al ámbito penal. VOX ha sido el único partido que ha votado en contra de la medida, mientras el PP ha evitado rechazarla y se ha abstenido.