El sector del transporte por carretera ha expresado su rechazo al reciente decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez al considerar que las medidas adoptadas resultan insuficientes para afrontar el incremento de costes derivado de la crisis energética vinculada a la guerra de Irán. Las principales organizaciones representativas, entre ellas UNO, Fenadismer y CETM, han coincidido en señalar que el paquete de ayudas no responde a la magnitud del impacto económico que atraviesa la actividad logística.
La patronal UNO ha trasladado su decepción institucional ante el contenido del decreto, subrayando la falta de coherencia entre el diagnóstico realizado por el Ejecutivo de Sánchez y las soluciones finalmente adoptadas. Su presidente, Francisco Aranda, ha indicado que las medidas publicadas no se corresponden con la gravedad descrita previamente por el Gobierno, calificando el plan como limitado en alcance y duración.
En términos similares, Fenadismer ha manifestado una crítica estructural al diseño de las ayudas, denunciando una distribución desigual de los beneficios. Según esta organización, mientras los vehículos particulares reciben una compensación total del encarecimiento del combustible, los transportistas solo obtienen una cobertura parcial. Este hecho ha sido calificado como una desproporción significativa que agrava la situación del colectivo profesional.
Por su parte, CETM ha advertido de una desconexión operativa entre las medidas planteadas y las necesidades reales del sector. La organización considera que el descuento de 20 céntimos por litro constituye un alivio coyuntural que no aborda el problema estructural del encarecimiento del gasóleo. Asimismo, ha señalado que la ausencia de mecanismos eficaces compromete la sostenibilidad económica de las empresas de transporte.
Las asociaciones también han cuestionado la eficacia de otras herramientas incluidas en el decreto, como las líneas de reavales destinadas a facilitar la adquisición de combustible en contextos de precios elevados. A su juicio, estas iniciativas no reducen los costes ni aportan soluciones duraderas, limitándose a posponer el impacto financiero.
En este contexto, el sector ha advertido de la posibilidad de iniciar movilizaciones si no se introducen modificaciones sustanciales en el corto plazo. Las organizaciones consideran que la situación actual constituye una crisis prolongada que supera episodios anteriores y compromete la viabilidad de autónomos y pequeñas empresas.
Finalmente, las patronales han reiterado la necesidad de un plan de choque que incluya medidas de carácter estructural y una revisión del sistema de compensaciones, con el objetivo de garantizar la estabilidad del transporte como actividad estratégica para el conjunto de la economía.
