El Senado ha vuelto a ampliar el calendario para sustituir a Cándido Conde-Pumpido y a otros tres magistrados del Tribunal Constitucional. La Mesa de la Cámara Alta ha llevado hasta el próximo 30 de noviembre el plazo para que los parlamentos autonómicos presenten sus candidatos. El procedimiento comenzó el 15 de diciembre de 2025 y, cuando termine esta nueva prórroga, estará a punto de cumplir un año.

La decisión deja una fotografía incómoda para Génova. El PP tiene 142 senadores y cuatro de los siete puestos de la Mesa, incluido su presidente, Pedro Rollán. Es decir, posee mayoría en el órgano rector que ha concedido otros dos meses para completar el primer paso de la renovación.

El aplazamiento choca además con el compromiso público asumido por los populares antes de que caducaran los mandatos. En agosto de 2025, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, abrió la puerta a negociar con el PSOE y afirmó: «Lo que no va a hacer el Partido Popular es permitir que el señor Conde Pumpido siga». La formación aseguraba entonces que estaba dispuesta a cumplir los plazos para evitar que el presidente del Constitucional permaneciera en el cargo una vez agotado su mandato.

Dos días después, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, insistió en que su grupo trabajaría para respetar esos tiempos. El PP acusaba entonces a Pedro Sánchez de querer prolongar la presidencia de Conde-Pumpido y sostenía que el Gobierno era el principal interesado en retrasar la renovación.

Nueve meses después de vencer su mandato, Pumpido continúa al frente del Constitucional. Y es ahora la Cámara dominada por el PP la que ha aceptado una nueva prórroga que llevará el procedimiento hasta finales de noviembre.

El PP acepta otra ampliación solicitada desde Andalucía

La justificación de este último aplazamiento parte del Parlamento de Andalucía, cuya Mesa pidió el 9 de septiembre ampliar nuevamente el plazo para presentar candidatos.

La Cámara autonómica argumentó que, pese a haberse constituido el pasado 11 de junio, su actividad ordinaria no comenzó hasta septiembre y sus grupos necesitaban más tiempo para alcanzar acuerdos sobre los aspirantes. El Senado aceptó la petición y desplazó el límite del 30 de septiembre al 30 de noviembre.

Andalucía ya había provocado una ampliación anterior por la celebración de sus elecciones autonómicas. A ello se han sumado otros procesos electorales regionales que el Senado ha utilizado para justificar las sucesivas demoras.

El resultado es que Conde-Pumpido, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías siguen ocupando cuatro de los doce puestos del Constitucional después de que sus mandatos expiraran el 17 de diciembre de 2025. El propio presidente del tribunal había comunicado oficialmente al Senado el 25 de julio de aquel año que esas cuatro plazas debían renovarse.

Su permanencia es legal. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados continúan ejerciendo hasta que toman posesión sus sustitutos. Esa previsión convierte cada retraso del Senado en una prolongación automática de quienes ocupan actualmente los puestos.

Pumpido seguirá para una decisión clave sobre Puigdemont

La demora tiene además una consecuencia política inmediata. Conde-Pumpido seguirá presidiendo el Constitucional cuando la corte afronte a comienzos de octubre una resolución decisiva para la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont.

El pleno previsto para el 6 de octubre deberá fijar criterio sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación, una doctrina de la que dependerá posteriormente la respuesta del Tribunal Supremo sobre la situación del expresidente de la Generalitat. Cuatro de los doce magistrados que integran actualmente la corte afrontarán esa deliberación con el periodo para el que fueron designados agotado desde diciembre.

El escenario resulta especialmente significativo en el caso de Pumpido. El PP convirtió durante meses su salida en una bandera contra la mayoría progresista del Constitucional y acusó al Ejecutivo de Sánchez de querer conservarlo al frente de la institución. La renovación, sin embargo, sigue sin completarse bajo una Cámara Alta en la que los populares tienen mayoría absoluta.