La exmilitante del PSOE Leire Díez comparecerá este lunes en la comisión que investiga el ‘caso Koldo’ en el Senado después de su imputación por los audios en los que supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales abiertas a cambio de información sensible sobre el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, y otras personas.
La citación de Díez, a quien un juzgado de Madrid investiga por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por los hechos mencionados, está prevista para las 11.00 horas del 8 de septiembre, según consta en el orden del día.
Es previsible que Leire Díez se acoja a su derecho a no declarar por estar siendo investigada, como ha ocurrido con otros comparecientes en su misma situación.
El nombre de Leire Díez, que también fue jefa de Comunicación de Enusa, exconsejera de CISTEC Technology y exdirectora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, saltó a la palestra por primera vez en mayo de 2025 después de que El Confidencial publicara unos audios en los que la exmilitante socialista supuestamente ofrecía tratos de favor a empresarios con causas judiciales a cambio de información sensible sobre el coronel de la UCO.
De hecho, fue un informe de esa unidad lo que precipitó, en junio de 2025, la dimisión de Santos Cerdán, a quien los investigadores de la Guardia Civil colocaban en el origen de una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, en la que se encargaría de gestionar los pagos a otros miembros como el exministro José Luis Ábalos o el exasesor ministerial Koldo García.
Un mes después, a raíz de una denuncia de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC), el Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid abrió diligencias previas contra Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
A raíz de ello, Díez entregó un ‘pendrive‘ al PSOE con información relacionada con la causa que había recopilado durante los últimos años que el partido derivó, a su vez, a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Posteriormente, este órgano envió el dispositivo a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que recientemente encargó a la UCO su análisis para comprobar si hubiera o no indicios de delito.
