Las primeras conclusiones del informe provisional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre el siniestro del Alvia en Adamuz, Córdoba, que ya suma 45 fallecidos, apuntan a un posible fallo de la infraestructura como origen del descarrilamiento.
A la espera del análisis de laboratorio que determine la causa exacta de la rotura detectada en la vía, el sindicato de maquinistas Semaf ha cargado contra lo que considera una «sobrerreacción» política que, a su juicio, desvía el foco del verdadero problema: el estado de la red ferroviaria.
«El propio Ministerio parece estar dándose cuenta del estado de las infraestructuras porque están empezando a poner limitaciones de velocidad», señalan fuentes de Semaf, que aseguran recibir llamadas de compañeros de otros países sorprendidos por la falta de medidas preventivas. «En cualquier país moderno, cuando se reporta algo así, se baja la velocidad y se subsana; no se sigue circulando a 300 kilómetros por hora», según publica El Debate.
El sindicato se muestra especialmente molesto por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el «suflé emocional» del colectivo tras la tragedia. «Hoy mismo en Rodalies siguen registrándose incidencias, como desprendimientos o acumulación de agua en algunos tramos. El verdadero suflé es el estado de la infraestructura ferroviaria, cuyas deficiencias han ido aumentando de forma paulatina», critican desde la organización.
Semaf evita pronunciarse sobre si el accidente era evitable o inevitable y remite esa valoración a la investigación judicial en curso. «Eso debe determinarlo la investigación», subrayan, aunque insisten en que las recientes limitaciones de velocidad impuestas en varios puntos de la red confirman que las autoridades «están empezando a reaccionar» ante los avisos previos.
En el plano legal, el sindicato ha anunciado que se ha personado como acusación popular en las causas penales abiertas por los fallecimientos y que analiza la filtración de los audios del maquinista del Alvia siniestrado. «El custodio de esas conversaciones no debería haber permitido su filtración y queremos ver si existe responsabilidad legal», concluyen.
Además, Semaf ha convocado una huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero con el objetivo de denunciar el estado de la red y exigir «la recuperación de los estándares de seguridad» en el sistema ferroviario español, mientras la investigación de la CIAF sigue arrojando luz sobre uno de los accidentes más graves de los últimos años.