El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha situado a Cataluña en el máximo histórico de sanciones lingüísticas tras imponer 486 multas en 2025 por no utilizar el catalán. Según los datos de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), estas sanciones alcanzaron un importe de 715.284 euros, lo que representa el 26,8% de toda la recaudación por multas de este organismo durante ese año.
Se trata de una cifra sin precedentes desde la creación de la ACC en 2004, bajo el mandato del socialista Pasqual Maragall. Hasta ahora, ninguna administración autonómica había superado las 300 sanciones anuales. El anterior récord lo ostentaba el republicano Pere Aragonès, que en 2023 impuso 261 multas por motivos lingüísticos.
El incremento se produce tras un año de transición en 2024, en el que se registraron 206 sanciones, coincidiendo con el relevo en la presidencia entre Aragonès e Illa. Sin embargo, en el primer ejercicio completo del socialista al frente del Ejecutivo autonómico, el número de multas se ha disparado hasta casi duplicar el anterior máximo.
Las 486 sanciones de 2025 superan incluso la suma de las impuestas durante los mandatos de Carles Puigdemont y Quim Torra. Durante los años 2016 y 2017, bajo el gobierno de Puigdemont, se registraron 137 sanciones con una recaudación de 165.200 euros. En el periodo de Torra, entre 2018 y 2020, se impusieron 259 multas por un total de 159.210 euros.
También superan ampliamente las cifras del mandato de Aragonès. Entre 2021 y 2023, la Generalidad impuso 345 sanciones lingüísticas con una recaudación de 626.876 euros, a las que se suman las correspondientes a 2024.
Desde su creación, la ACC ha impuesto un total de 3.041 sanciones por motivos lingüísticos, con una recaudación acumulada de 3.618.385 euros. Sin embargo, casi la mitad de estas multas se han concentrado en los últimos cinco años, lo que evidencia un cambio de tendencia en la política sancionadora.
Este endurecimiento coincide con el giro político de Illa tras su acuerdo de legislatura con los republicanos, que ha reforzado su perfil como defensor del catalán. Entre otras decisiones, el Ejecutivo autonómico ha impulsado la creación de una Consejería de Política Lingüística, dirigida por Francesc Xavier Vila, ex alto cargo del gobierno de Aragonès.
El aumento de sanciones también se produce en un contexto de mayor presión del nacionalismo lingüístico. Según la entidad Plataforma per la Llengua, las quejas por el uso del catalán en comercios y servicios se han incrementado un 635% entre 2016 y 2024, lo que ha contribuido a intensificar la actividad inspectora de la administración autonómica.
