La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha resuelto que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condena a Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y a la que fuera vocal de la entidad Isabel de Haro Aramberri, exsecretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación; a tres años y un día de prisión y seis años y un día de inhabilitación absoluta; por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, a cuenta de las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por Invercaria a la sociedad Cedes Electria.

El Tribunal Supremo, a la hora de no aceptar los recursos de casación de los condenados, afirma que constituye delito de malversación de caudales públicos la concesión a sabiendas de préstamos omitiendo los mecanismos de control causando con ello una pérdida de fondos para la sociedad concedente.

Asimismo, ha considerado que los hechos declarados probados han sido correctamente subsumidos en el delito de prevaricación administrativa y señala que a través de este se sancionan supuestos límites en los que la actuación administrativa no sólo es ilegal, sino además injusta y arbitraria.