El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 3 años de prisión y 17 de inhabilitación al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), por delitos de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad.

Este caso, que propició la dimisión de Pedro Antonio Sánchez en abril de 2017, giró en torno a la tramitación del proyecto del auditorio municipal de Puerto Lumbreras (18.000 habitantes) que se puso en marcha en 2006 y cuya financiación corrió a cargo de la comunidad autónoma, que costeó las obras con una subvención de seis millones de euros.

No fue el único caso judicial en el que se vio envuelto el expresidente autonómico: también fue investigado por su etapa como alcalde en el denominado caso Pasarelas, archivado en 2018 por dilación en los plazos, y en el caso Púnica, archivado también en 2019 por falta de pruebas.

Ahora, cuatro años después de que Pedro Antonio Sánchez se sentase en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Supremo ha desestimado su recurso contra la sentencia que, además de la pena de prisión e inhabilitación, le impuso una multa de 3.600 euros.

El entonces alcalde, según aquella sentencia, encargó, verbalmente y sin previo expediente de contratación, a un arquitecto la redacción de proyectos que permitieran solicitar la subvención, si bien aquellos textos no tuvieron entrada en el registro del Ayuntamiento.