Tras más de 12 horas reunidos en la segunda convocatoria del Pleno extraordinario, la mayoría conservadora del Tribunal ha detenido el golpe del Gobierno a la Justicia, por ahora. No es que la Corte de Garantías haya interferido en la competencia del legislador como alegaron los socialistas el pasado domingo durante la final del Mundial, sino que se ha adelantado a la pretendida vulneración del derecho al ejercicio del cargo representativo de una parte de los diputados. También, a que hubieran sido los propios magistrados designados por el PSOE los encargados de votar su reforma. Eso sí, tanto la derogación total de la sedición como la parcial de la malversación siguen adelante.
A última hora del lunes, el Constitucional cumplía con su obligación de resolver antes de que el Senado ratificase el jueves la legislación del PSOE y sus socios. Tras intervenir cada uno de los magistrados, primero los más nuevos y después los más antiguos, concluyendo con el presidente González-Trevijano; el órgano finalmente admitía a trámite el recurso de amparo presentado por el PP. Para la Corte, la cuestión planteada era de «relevante y general repercusión social», además de tener «unas consecuencias políticas generales».
De igual forma, el Tribunal inadmitía las recusaciones de socialistas y comunistas contra dos de los magistrados, uno de ellos, el presidente, por no estar constituida la relación jurídico-procesal. Ni la jugada de Podemos ni la posterior adhesión de los socialistas a la misma sirvió para retrasar la decisión del órgano constitucional. Así las cosas, la Corte requería a la presidenta del Congreso y al Ministerio Fiscal.
Reacción de los presidentes de las Cortes Generales
Tras conocer pasadas las 10 de la noche la decisión del TC, los presidentes de ambas cámaras de las Cortes Generales, partes no personadas contra el recurso en cuestión, comparecían ante los españoles. Tanto Batet como Gil confirmaban el acatamiento de la decisión, no sin apuntar, como hizo el presidente de la Cámara Alta, que «en 44 años de Democracia jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar» quedando su inviolabilidad «seriamente comprometida». Lo que jamás había vivido este país es que su Gobierno, por la puerta de atrás, saltándose los informes consultivos, el debate parlamentario y los tiempos debidos de haberse tramitado como proyecto de Ley, se intentara modificar las mayorías reforzadas que garantizan la independencia del Poder Judicial en España.
Sánchez sigue con su plan
Un mes atrás, VOX ya había instado a la Mesa del Congreso a inadmitir la proposición de Ley de los socialistas. Un día antes del recurso del PP, el partido de Santiago Abascal pidió tanto la derogación de las enmiendas como informes del CGPJ y del propio Constitucional sobre el asalto al Poder Judicial.
Abascal insiste en afirmar que «Sánchez sigue con su plan» y en que el Tribunal de Garantías resuelva su recurso de amparo y las medidas cautelarísimas no ya contra la reforma de las leyes orgánicas del Constitucional y del Poder Judicial, sino contra la eliminación de los delitos de sedición y malversación. El último frenazo no habrá servido de nada si el Constitucional no se pronuncia sobre la petición para evitar la celebración de un nuevo referéndum ilegal en Cataluña.
