La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará el próximo 16 de julio las dos primeras sentencias sobre las dudas de los tribunales españoles en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía y su compatibilidad con el Derecho comunitario, por la que el Alto Tribunal europea ha recibido hasta cuatro cuestiones prejudiciales sobre las que debe decidir con sentencias vinculantes.

En esta ocasión se pronunciará sobre los dos asuntos para los que el Abogado General emitió sendos dictámenes en noviembre del pasado año, con los que descartó que la tramitación de la ley respondiera a una «autoamnistía» o que colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o que afecte a intereses financieros de la UE; aunque consideró que sí puede haber vulneraciones menores al Derecho de la UE.

El primero de ellos tiene que ver con la consulta del Tribunal de Cuentas con respecto a la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y para apoyar la acción exterior del ‘procés’.

La segunda sentencia responderá a la cuestión prejudicial remitida por la Audiencia Nacional en el caso de terrorismo atribuido a varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) para aclarar si la aplicación de la amnistía en este caso contravendría el Derecho comunitario y garantizaría la impunidad de los delitos.