El avance de las importaciones procedentes de Marruecos vuelve a encender las alarmas entre los productores españoles. Agricultores de Almería denuncian que las diferencias salariales, las exigencias fitosanitarias y el funcionamiento de los mecanismos aduaneros permiten al producto procedente del país vecino competir en unas condiciones que consideran imposibles de asumir para las explotaciones nacionales.

Uno de los sectores que concentra las críticas es el del tomate. El productor almeriense y responsable de Tomca Almería, Juan Garrido, ha advertido en La Tarde de COPE de que existe una falta de fiscalización efectiva sobre las cantidades de hortalizas que acceden al mercado comunitario desde Marruecos. «Nadie sabe qué kilos entran, por dónde entran ni nada y, por supuesto, nadie sabe si se cobran aranceles», ha denunciado.

La acusación del agricultor apunta directamente a uno de los elementos centrales de la política comercial entre Bruselas y Rabat. El acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos contempla preferencias arancelarias y contingentes específicos para determinados productos agrícolas. En el caso del tomate fresco, existen cupos mensuales entre octubre y mayo y un contingente adicional, con diferentes reducciones de derechos aduaneros. La normativa europea establece para las campañas posteriores a 2015 un contingente básico de 257.000 toneladas, al que se añaden otras 28.000 toneladas adicionales.

Sobre el papel, por tanto, existen límites y procedimientos para gestionar esas entradas. El problema que denuncia el sector español es su aplicación práctica. Garrido sostiene que los mecanismos de vigilancia no permiten conocer con suficiente transparencia si las cantidades que llegan al mercado europeo respetan esos topes ni qué ocurre cuando se superan.

«Yo creo que no se ha cobrado ni un céntimo de aranceles», asegura el empresario almeriense sobre las cantidades que deberían quedar fuera de las condiciones preferenciales.

A esa batalla comercial se suma una diferencia de costes que, según Garrido, coloca a las explotaciones españolas en una posición mucho más difícil. El productor asegura que el coste laboral en España puede multiplicar por cinco el existente en Marruecos y calcula que producir allí un kilo puede resultar entre 40 y 50 céntimos más barato.

Ese diferencial termina trasladándose al precio final y golpea de forma especial a una provincia como Almería, cuya agricultura intensiva ha sido durante décadas una de las grandes suministradoras de frutas y hortalizas del mercado comunitario.

«Éramos dominantes en Europa de tomate y ahora está Marruecos por encima de Almería, pero en cuestión de cinco o seis años», lamenta Garrido. Para el productor, la pérdida de terreno no puede explicarse únicamente por la eficiencia empresarial, sino por unas reglas de juego diferentes a ambos lados del Estrecho.

Las críticas alcanzan también a las condiciones fitosanitarias. Los agricultores españoles están sujetos a la normativa europea sobre productos autorizados y límites máximos de residuos, mientras Garrido asegura que los controles fronterizos han detectado reiteradamente partidas procedentes de terceros países con incumplimientos.

«Estamos hartos de ver en los informes de la frontera la cantidad de veces que llega el producto con los LMR sobrepasados, un montón de productos que incluso aquí están prohibidos», señala.

El debate adquiere además una dimensión política por la decisión de la Unión Europea de preservar sus vínculos comerciales con Marruecos. Después de que el Tribunal de Justicia de la UE anulase en octubre de 2024 la aplicación al Sáhara Occidental de determinados acuerdos comerciales por la cuestión del consentimiento del pueblo saharaui, Bruselas y Rabat negociaron un nuevo marco. El acuerdo firmado el 3 de octubre de 2025 se aplica provisionalmente desde el día siguiente y permite que los productos procedentes del Sáhara Occidental sometidos al control aduanero marroquí reciban las mismas preferencias comerciales.