El Tribunal de Cuentas ha abierto un procedimiento contra la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras recibir una acción pública que cuestiona la gestión de los fondos destinados a premios, incluidos los importes no repartidos cuyo destino contable reclaman esclarecer los denunciantes. La controversia alcanza una cifra de 3.539 millones de euros, sobre la que los promotores de la iniciativa exigen explicaciones, aunque todavía no se ha acreditado que ese sea el importe definitivo.

Las presuntas irregularidades afectan, entre otros, a los ejercicios 2023, 2024 y 2025, cuando Loterías y Apuestas del Estado dependía del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero. La dirigente socialista estuvo al frente de este departamento desde junio de 2018 hasta marzo de 2026, periodo durante el cual la sociedad estatal permaneció bajo la supervisión institucional de su ministerio.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal, a través de su Departamento Segundo, ha registrado las actuaciones bajo el expediente B161/2026, según consta en una diligencia de ordenación firmada el pasado 11 de noviembre. El órgano ha concedido un plazo de diez días para corregir determinados defectos procesales y concretar las posibles responsabilidades contables antes de resolver sobre la continuación del procedimiento.

La acción fue presentada inicialmente el 14 de julio de 2026 por representantes de administraciones de lotería, bajo la dirección jurídica de la abogada y auditora fiscal María Dolores Abad Rodríguez. Posteriormente, la denuncia fue ampliada el 26 de agosto y los días 2 y 5 de noviembre, incorporando nuevas cuestiones relacionadas con la gestión de premios, las anulaciones de apuestas y los controles económicos de la sociedad estatal.

Uno de los aspectos más relevantes afecta a 519 expedientes de pago de premios mayores correspondientes al periodo 2023-2025, que presentaban documentación ausente o incompleta por un importe conjunto de 14.790.814,25 euros. Estas incidencias aparecen recogidas en el informe de fiscalización número 1.703, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 29 de octubre.

En concreto, 341 expedientes carecían de documentación y otros 178 presentaban justificantes incompletos a fecha de 18 de junio de 2026. Los promotores solicitan determinar si los pagos fueron correctamente autorizados, si las entidades financieras conservaron la documentación exigida y si Loterías activó los mecanismos previstos para recuperar cantidades que eventualmente hubieran sido abonadas sin suficiente justificación.

Otra de las cuestiones sometidas al Tribunal se refiere al destino de los premios desiertos, los derechos de cobro caducados y los fondos acumulados para sorteos posteriores. Los denunciantes reclaman reconstruir la trazabilidad de estas cantidades y diferenciar los importes que vuelven a repartirse de aquellos que terminan incorporándose a los resultados económicos de SELAE.

La denuncia también plantea la posibilidad de que determinadas apuestas anuladas pudieran conservar efectos económicos en los sistemas de escrutinio, una hipótesis que los propios promotores reconocen pendiente de comprobación. Para aclararlo, solicitan acceder a los registros de validación, anulación, devolución y liquidación de operaciones concretas.

En su última actuación, fechada el 12 de noviembre, once comparecientes vinculados a la red de administraciones de lotería han aportado poderes de representación y ratificado los escritos presentados anteriormente. Asimismo, han solicitado acceso a otro expediente del Tribunal de Cuentas, el B101/2024, para examinar los posibles antecedentes relacionados con las irregularidades denunciadas.

La resolución del Tribunal no determina todavía que se haya producido una apropiación de fondos ni atribuye responsabilidades contables a directivos concretos. Su decisión obliga a los promotores a precisar los hechos investigables y completar la documentación necesaria para que pueda continuar la acción pública.

De no corregirse los defectos señalados dentro del plazo establecido, el órgano advierte de que procederá a inadmitir la acción y archivar las actuaciones, aunque trasladaría la denuncia al Ministerio Fiscal y a la propia SELAE para que valorasen la posibilidad de investigar los hechos.

El procedimiento sitúa así bajo examen la gestión económica de Loterías, especialmente durante los años en los que María Jesús Montero ejercía la máxima responsabilidad política sobre el Ministerio de Hacienda, del que depende la sociedad estatal. La cuestión pendiente es determinar si las deficiencias documentales detectadas y la gestión de los premios no repartidos pueden dar lugar a responsabilidades contables.