La instrucción secreta sobre la presunta financiación ilegal del PSOE ha situado bajo examen las donaciones recibidas por fundaciones vinculadas al partido, ante la sospecha de que pudieran haber servido para introducir comisiones en sus circuitos económicos. Según publica ABC, fuentes de la investigación relacionan esta vía con las declaraciones reservadas del empresario Víctor de Aldama y con la documentación que el Tribunal de Cuentas ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El origen de esta línea de investigación está en el testimonio de Aldama, quien atribuyó parte de la recaudación socialista de 2020 a una supuesta fragmentación de pagos para presentarlos como aportaciones particulares. El empresario sostuvo que ese mecanismo, conocido como «pitufeo», habría permitido ocultar dinero procedente de comisiones por adjudicaciones públicas y operaciones petroleras. Se trata de acusaciones que los investigadores deben contrastar mediante el análisis de las cuentas, la identificación de los donantes y el seguimiento de los fondos.

La información trasladada al juzgado recoge once fundaciones relacionadas con el PSOE, cinco de las cuales declararon aportaciones económicas del partido. En el ejercicio de 2023, tres no entregaron sus cuentas completas ni la memoria económica y seis tampoco aportaron el informe de auditoría externa. Según ABC, los incumplimientos documentales más amplios corresponden a la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, la Fundación Carlos Chivite y la Fundación Ideas para el Progreso. Estas deficiencias de transparencia no acreditan por sí solas que las entidades recibieran dinero ilícito.

La situación de esos tres organismos presenta diferencias. La fundación andaluza figuraba activa y había recibido 24.000 euros del PSOE, mientras que la navarra Carlos Chivite constaba sin actividad desde 2020. Ideas para el Progreso aparecía en liquidación, aunque registraba una aportación socialista de 22.000 euros. Los investigadores sospechan que algunas entidades aparentemente inactivas pudieron utilizarse para mover fondos cuyo origen no quedaba suficientemente identificado, una hipótesis que explica el interés por reconstruir sus operaciones.

Otra de las entidades examinadas es la Fundación Pablo Iglesias, presidida por Santos Cerdán entre 2020 y 2022. El Tribunal de Cuentas ya había reclamado un plan de saneamiento tras detectar un saldo negativo de 2,25 millones de euros en sus cuentas de 2020. Para 2023, la documentación citada por ABC recoge un patrimonio de 257.277 euros y aportaciones por 359.940 euros: 259.940 procedentes del PSOE y otros 100.000 de una persona jurídica cuya identidad no aparece en la información publicada. El interés por esta fundación coincide con las acusaciones de Aldama sobre la supuesta intervención de Cerdán en el cobro de comisiones.

Moreno solicitó el 9 de septiembre información tanto al partido como al Tribunal de Cuentas para comparar los datos e identificar posibles discrepancias. Según las fuentes judiciales citadas, una vez determinados los donantes podrían impulsarse nuevas diligencias para localizar las cuentas y reclamar a los bancos sus movimientos. El objetivo sería establecer si las fundaciones actuaron como receptoras o intermediarias de pagos irregulares, aprovechando un régimen de donaciones distinto al de los partidos. El resultado de esas comprobaciones deberá determinar si los incumplimientos contables detectados guardan relación con la presunta financiación ilegal investigada.