El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL).
Los magistrados concluyen que no cabe emplear un Real Decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra ni amparada en su derecho histórico.
El TS también ha dictaminado que es preciso indagar qué competencias tenía Navarra respecto de tráfico y vehículos a motor al tiempo de promulgarse la ley.
Antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez cediera la competencia esta había sido siempre potestad de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función subordinada. El tribunal señala que esas competencias podrán ser asumidas por Navarra, pero o reformando la LORAFNA o mediante una ley orgánica de traspaso, como fija la Constitución en su artículo 150.2.
La resolución del Supremo subraya que la LORAFNA, equivalente a un Estatuto de Autonomía, no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra.
En definitiva, «la realidad es que del estado competencial existente al tiempo de promulgarse la LORAFNA no se deduce que la Comunidad Foral tenga una competencia que incluya las funciones que, en su lugar, ejerce la Guardia Civil (…), sí las que ejerce en concurrencia, pero en esa concurrencia Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial, ni con la LORAFNA ni antes de promulgarse».
Los magistrados también rechazan la alegación que realiza la Comunidad foral de Navarra en cuanto a falta de legitimación activa de la asociación JUCIL para presentar el recurso.
El pasado 1 de julio se hizo efectivo el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, estableciéndose un periodo transitorio en varias fases durante el cual los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Foral colaborarán para una óptima vigilancia de la seguridad vial en las carreteras navarras.
