Varios trabajadores del Consulado General de España en Ciudad de México aseguran que durante la aplicación de la Ley de Memoria Democrática se concedió la nacionalidad española a solicitantes mexicanos sin comprobar si tenían antecedentes penales en su país. Según publica The Objective, los empleados y participantes en la tramitación de expedientes, denuncian que el procedimiento carecía de controles sobre el historial delictivo y que esta situación generó quejas internas.

«Nunca se solicitaban los antecedentes penales. Estábamos dando la nacionalidad española a personas que podían ser delincuentes porque ni siquiera se comprobaba. Era un coladero», afirma uno de los trabajadores. Otro sostiene que los expedientes no incluían ningún documento que acreditara que el solicitante carecía de antecedentes en México, por lo que el personal no podía conocer posibles condenas o investigaciones policiales a través de la documentación presentada.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el 21 de octubre de 2022, abrió una vía para que determinados descendientes de españoles pudieran optar a la nacionalidad. Según la instrucción que desarrolla este procedimiento, la documentación exigida se centra en acreditar los nacimientos y los vínculos familiares con ascendientes españoles y no exige un certificado de antecedentes penales del país de origen. Esta vía se diferencia de la nacionalidad por residencia.

Los empleados consultados también denuncian diferencias de trato. Según su testimonio, algunos expedientes de políticos y empresarios mexicanos habrían recibido atención prioritaria por indicación del entonces cónsul general, Manuel Hernández Ruigómez, o del embajador español, Juan Duarte. Las fuentes describen una tramitación preferente para personas con contactos políticos o diplomáticos, mientras otros ciudadanos afrontaban esperas de meses para obtener cita o conocer el estado de sus solicitudes.

Entre los casos señalados figura el del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien, según la documentación difundida por The Objective, presentó su solicitud el 31 de mayo de 2023 y obtuvo la nacionalidad al día siguiente. Los trabajadores aseguran que su visita había sido organizada y que recibieron instrucciones para revisar el expediente de inmediato. En abril de 2024, el regidor fue denunciado ante organismos mexicanos por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos por más de 823 millones de pesos, unos 39,5 millones de euros. Martínez Alcázar ha rechazado las acusaciones y defendido la legalidad de su gestión.

La información publicada también recoge los expedientes de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador; Nancy de la Sierra Arámburo, exsenadora del PRI, y Alejandra Vázquez Zorrilla, esposa del cónsul honorario de España en Tlaxcala.