Nicolás Maduro habría articulado una red internacional de colaboradores para sortear las sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos a Venezuela mediante un sistema paralelo de comercialización de crudo al margen de los controles ordinarios de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), según documentos judiciales. Según publica The Objective, entre los beneficiados estarían antiguos accionistas de Plus Ultra y vinculados a la trama por la que se ha imputado al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
De acuerdo con las investigaciones, el mecanismo habría operado a través de un sistema contable externo gestionado presuntamente por mandos militares vinculados a la estructura comercial de la petrolera estatal venezolana. Entre ellos figura el coronel José Antonio Pérez Suárez, entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de PDVSA, señalado como uno de los responsables de supervisar la distribución de cargamentos de crudo asignados a intermediarios internacionales.
Las investigaciones sostienen que, únicamente durante el primer trimestre de 2021, la red habría conseguido exportar aproximadamente 45 millones de barriles de petróleo, valorados en torno a 2.200 millones de euros, mediante operaciones ejecutadas fuera de los canales convencionales de la compañía estatal. Parte de esas operaciones habrían sido articuladas mediante sociedades registradas en Singapur, Grecia, Islas Mauricio, China y Estados Unidos.
Según las informaciones difundidas por el portal especializado Primer Informe y posteriormente incorporadas a distintas actuaciones judiciales, las empresas favorecidas por la asignación de cargamentos debían abonar presuntas comisiones extraordinarias cercanas a los dos millones de euros por buque. Las cantidades debían ser entregadas en efectivo y contarían con la aprobación de la cúpula política de la dictadura.
Entre los empresarios presuntamente beneficiados por este esquema aparecen Camilo Ibrahim y Felipe Baca, antiguos accionistas de la aerolínea Plus Ultra y relacionados en las investigaciones judiciales por las que ha sido imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos habrían recibido, a través de intermediarios, una cuota de aproximadamente seis millones de barriles de crudo, con un valor de mercado superior a 250 millones de euros, destinados principalmente al mercado chino.
Las actuaciones apuntan a que Ibrahim y Baca habrían canalizado parte de las operaciones mediante la sociedad Bluecap, radicada en Islas Mauricio. Los investigadores sostienen que la estructura permitía gestionar los flujos de caja derivados de la comercialización internacional del petróleo venezolano evitando parte de los controles financieros impuestos por las sanciones estadounidenses.
El sumario judicial instruido en la Audiencia Nacional también menciona la participación de corporaciones asiáticas en las operaciones de exportación. Entre ellas figura Kunlun Holding, empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por mantener relaciones comerciales con Irán. China se habría consolidado durante esos años como uno de los principales destinos del crudo venezolano comercializado mediante intermediarios.
En paralelo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga el papel desempeñado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una supuesta estructura de tráfico de influencias vinculada al rescate público de Plus Ultra aprobado por el Gobierno español en marzo de 2021. El magistrado atribuye al exdirigente socialista una presunta “intervención directa” en operaciones económicas relacionadas con productos petrolíferos, oro, divisas y acciones societarias.
Las conversaciones incorporadas al procedimiento judicial reflejan contactos entre directivos de Plus Ultra y empresarios vinculados al entorno venezolano. En varios intercambios de mensajes intervenidos aparecen referencias directas a reuniones con Camilo Ibrahim y menciones al avance favorable de las gestiones relacionadas con la compañía aérea semanas antes de la aprobación del rescate.
El procedimiento también incluye referencias a pagos presuntamente ordenados por Felipe Baca a terceras personas vinculadas al entorno investigado. Parte de esa documentación fue remitida por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y forma parte del material analizado por la Audiencia Nacional.
Camilo Ibrahim, empresario vinculado históricamente al sector de franquicias textiles en Venezuela y antiguo vicepresidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, aparece igualmente mencionado en informes previos relacionados con sus conexiones con dirigentes del chavismo.