
El vecino de 66 años del barrio del Bon Pastor en Barcelona que mató a un ladrón durante un intento de robo ha quedado en libertad tras pasar diez días en prisión, en un caso que vuelve a abrir el debate sobre la legítima defensa en España.
El hombre, que se entregó voluntariamente a los Mossos d’Esquadra tras los hechos ocurridos el pasado 5 de abril, había ingresado en la prisión de Brians por orden judicial después de que la Fiscalía solicitara inicialmente su encarcelamiento por un presunto delito de homicidio.
Los hechos se produjeron cuando un joven de origen magrebí intentó, presuntamente, robarle una cadena de oro. Durante el forcejeo, el vecino le asestó una puñalada que resultó mortal. Desde el primer momento, el detenido sostuvo que actuó por miedo y en defensa propia, sin intención de matar.
Tras varios días en prisión y a la vista de los informes médicos que acreditan su delicado estado de salud —el hombre se desplaza en silla de ruedas y necesita oxígeno—, la Fiscalía ha rectificado su posición y ha dejado de solicitar su permanencia en prisión preventiva.
El juez de instrucción ha acordado su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. También se ha planteado un régimen de arresto domiciliario flexible para permitirle acudir a consultas médicas.
La investigación continuará ahora con especial atención a la autopsia del fallecido, que será determinante para esclarecer si existió o no legítima defensa. La defensa sostiene que el acusado actuó ante un miedo insuperable y sin voluntad de causar la muerte, en un contexto de agresión por parte de un delincuente reincidente.
El caso ha generado un intenso debate social sobre el derecho a defenderse ante un delito violento, especialmente en un contexto en el que la percepción de inseguridad ha ido en aumento en distintas zonas urbanas.
Mientras se resuelve el proceso judicial, el hombre podrá regresar a su domicilio con su familia, a la espera de un juicio que determinará si su actuación fue un acto criminal o una reacción desesperada ante un ataque.