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'El 1 de octubre España estuvo al borde del precipicio'

Pedro Fernández, vicesecretario jurídico nacional de VOX | LA GACETA
Pedro Fernández, vicesecretario jurídico nacional de VOX | LA GACETA

«El cambio de Gobierno puede modificar la marcha del proceso judicial contra los golpistas» –  «Si se dejase a los políticos encarcelados en libertad volverían a hacer lo mismo»- «Si queremos cambiar las cosas tenemos que actuar, no hay más»

De semblante serio, siempre cerca de Javier Ortega y de Santiago Abascal, pero siempre discreto, Pedro Fernández, vicesecretario jurídico nacional de VOX, charla con La Gaceta sobre la situación actual de la causa judicial del separatismo catalán -«es EL procedimiento, con mayúsculas»- , también del momento dulce que atraviesa su partido y, lo más novedoso, de él, de ese hombre callado que se ha convertido ya en una cara imprescindible en el periodismo de Tribunales.
-¿Quién es Pedro Fernández, más allá de Pedro Fernández, de VOX?
Una personas normal que hasta ahora ejercía como abogado en un despacho modesto. Alguien con una vida que pretendía ser tranquila pero para quien las circunstancias han cambiado. Estoy casado, tengo un hijo y me gusta leer y hacer deporte cuando puedo pero, como me gusta mucho trabajar, le dedico mucho tiempo.
-Si se escribe su nombre en Google aparecen, además de miles de noticias relacionadas con el proceso judicial de Cataluña, dos informaciones: que fue detenido en Gibraltar y que fue denunciado por un grupo de trabajadores que acudieron a su despacho.
¿Por cuál empiezo?
-Por la que prefiera. Por Gibraltar, por ejemplo.
Se organizó una operación -así lo llamamos nosotros- para colocar la bandera de España en el Peñón. Hubo una persona [Nacho Mínguez, entonces presidente de VOX Madrid], que no pudo salir, que fue detenido, y me pidieron que fuese a interesarme por él y a asesorarle en la defensa. Cuando llego allí veo que ha habido hacia él un trato inhumano y degradante… Fíjese, como anécdota, había varios juicios previos y todos los acusados llegaban, se les ponía una multa y salían. Cuando llega Nacho, veo que no entra como todos, sino esposado, y es dirigido a una cámara acristalada, como si fuera un terrorista. El aspecto físico es deplorable, lo han tenido tres días sin poder cambiarse de ropa… Se me cae el alma a los pies. No me permiten hablar con él,ni preguntar cómo está ni nada… Sólo pudimos hacer un gesto con la cabeza.
Ante la imposibilidad de hacer nada, en un receso que hubo hice una foto a la celda de cristal en la que estaba. Una señora del Partido para la autonomía de Gibraltar o algo así empieza a gritar en inglés. Viene el alguacil y me requisa el móvil. Le digo que borre las fotos si quiere, pero me dice que no, que va a llevar el móvil al magistrado. Y se acuerda mi  detención A partir de ahí, vivo una situación kafkiana: me bajan al garaje de los juzgados, me cachean de arriba a abajo. Me meten en un furgón policial, en esas jaulas que están en la parte de atrás y en la que van peligrosos criminales, y me llevan a comisaría. Me hacen ensuciarme dos veces las manos para las huellas dactilares, exhiben delante de mí una cadena, es un trato aparentemente educado pero que cualquier persona un poco observadora entiende que es para provocar. Al final, me meten nueve horas en una celda, en la que aplican la técnica de frío-calor. Tras nueve horas detenido me llevan otra vez el furgón, ya sentado, y me ponen en la frontera con España. Me hacen firmar un reconocimiento de los hechos, un apercibimiento sin consecuencias judiciales, y se acaba la cosa.
-Y Nacho Mínguez sin abogado…
Fue asistido al final por un letrado de Gibraltar y reconoció los hechos. Fue condenado a tres meses de cárcel que no tuvo que cumplir. Ahí, por cierto, el Brexit influyó mucho como elemento político para su liberación previa.
-¿Tuvo miedo?
Miedo no. Al principio no me lo creía… me parecía absurdo. Pero es cierto que si yo en ese momento pierdo los nervios y agarro a un policía por el cuello habría tenido un problema de verdad. Al principio estaba enfadado y, a partir de la tercera hora me dediqué a pensar en la querella que iba a poner a los policías y a Picardo [Fabián Picardo, ministro principal de Gibraltar]…
-¿La puso?
Sí. La puse y está admitida a trámite, pero la Audiencia Nacional ha pedido informes policiales y judiciales míos a Gibraltar y Gibraltar no contesta, así que está paralizado hasta que lleguen los informes.
-Le queda la segunda cuestión; la de los trabajadores que le denunciaron.
Como se suele decir, me alegro  de que me haga esa pregunta, porque así puedo explicar lo que pasó. Vinieron a mi despacho unos trabajadores con un problema con una empresa. Habían formulado una querella contra toda la plana mayor de la empresa -dirigentes, presidente, sindicatos…alrededor de treinta personas-. Cuando vienen a verme la querella estaba interpuesta pero no estaban contentos. La relación con ellos no va por buen camino, no acaba bien y me revocan el encargo. Yo había pedido una provisión de fondos y había fijado cuánto iba a ser el coste del procedimiento, así que cuando ellos me revocan el encargo hago una minuta liquidando por el tiempo empleado, los escritos presentados, el trabajo realizado. Ellos no están conformes y me formulan una querella por estafa y deslealtad profesional. Esto se lleva en un juzgado de instrucción de Madrid; hago alegaciones a este procedimiento y no llegué ni a declarar porque el juez ni siquiera me llamó y archivó la querella. Ellos recurren a la Audiencia Provincial. Hace un par de meses recibo una resolución de la Audiencia confirmando el archivo y que no hay delito. También elevaron una queja al Colegio de Abogados de Madrid, que archivó la queja directamente sin siquiera darme traslado para hacer alegaciones. Hubo un medio de comunicación que acogió a estos trabajadores para que contaran su versión, con una entrevista atacándome personalmente. Ese mismo medio no ha publicado el archivo de la querella ni que el Colegio de Abogados ha dicho que no hubo por mi parte ninguna actuación ilegal o contraria a la deontología profesional.
-Aclarado queda. Hablemos ahora de Cataluña y de las muchísimas cuestiones judiciales que tiene su partido pendientes.
En el Supremo, donde se juzga al Gobierno de la Generalidad y a la Mesa del Parlamento, ha finalizado ya la parte de declaraciones de testigos y procesados  y estamos a la espera de que lleguen los últimos informes de la Guardia Civil para cerrar la instrucción y pasar a la fase final.
-¿Qué diagnóstico hace para este proceso?
​Hasta ahora, la conducta que ha tenido el  Tribunal Supremo -tanto el juez instructor como la Sala de Apelaciones-, nos hace pensar que realmente tienen claro que hay una comisión de delitos graves, de rebelión o sedición, el desobediencia que está clarísimo y el de malversación de fondos y yo creo que esas condenas sí se van a producir.
Distinta es la posición de la Fiscalía con el cambio de Gobierno, hay un nuevo Fiscal General del Estado y este puede establecer instrucciones distintas a las que hasta ahora se han dirigido a los fiscales de sala del Supremo. Aunque los fiscales de Sala hasta ahora están personalmente convencidos de que tienen que continuar con la misma línea que han seguido hasta ahora, la condena por los más graves delitos.
-Se ha referido al cambio de Gobierno. ¿Cómo puede afectar este nuevo Gobierno a los procesos judiciales?
De dos formas. A través de la Abogacía del Estado, que es un organismo jerarquizado y, por tanto, si desde la Abogacía se recibe una instrucción para ir en determinada dirección, al abogado no le queda más remedio que asumirla. Hasta ahora el abogado del Estado se ha ocupado de la malversación únicamente porque era lo que le competía. Ahí puede haber cambios.
-¿La segunda forma?
A través de la Fiscalía General del Estado. El cambio de fiscal en aplicación del artículo 25 del estatuto que regula el Ministerio Fiscal puede originar que se den instrucciones a cualquier fiscal para tomar una decisión en un sentido u otro. Cambiará en algo pero no sé hasta qué punto. Nos ponemos en los dos extremos: que no cambie nada o que llegue al punto incluso de que dé la instrucción para retirar la acusación, que sería lo más grave. Dentro de este abanico puede haber todos los grises.
-Si la Fiscalía retira la acusación… ¿qué hará VOX?
Si ocurriera ese supuesto extremo de retirar la acusación completamente y que la Abogacía del Estado también la retirara se plantea el problema de la ‘doctrina Botín’, que señala que la acusación popular no puede ir de forma autónoma si las acusaciones -en ese caso el Ministerio público y la Abogacía del Estado- no mantienen la acusación. Desde el punto de vista político sería un escándalo, pero esa posibilidad está presente. Si existe una instrucción a la Fiscalía para suavizar penas, por ejemplo, eso no afecta a la acusación popular, que puede seguir manteniendo su acusación.
-Más cuestiones judiciales. Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde comenzó todo…
Allí se investiga todo lo referido a los niveles inferiores a la Mesa del Parlamento y el Gobierno. Son los ejecutores del Golpe a nivel administrativo. Los ideólogos del golpe, aquellos que no ocupan ni han ocupado cargos públicos pero han sido muñidores de todo este Golpe de Estado creando estructuras jurídicas y políticas para una posible ‘república catalana’. La situación ahí está en la fase de investigación, con informes que reciben por parte de la Guardia Civil, y sobre todo y especialmente, declaraciones de investigados y testigos.
-¿Para cuándo el juicio?
Va a tardar más porque hay más personas afectadas. Hablamos de casi cien personas entre investigados y testigos directos. Es una instrucción más compleja que la del Supremo, pero con menos medios.
-Usted ha tenido acceso a documentación, declaraciones, recibos, facturas… ¿Con lo que usted ha visto, cómo describiría lo que se vivió en Cataluña el 1 de octubre?
El 1 de octubre España estuvo al borde del precipicio. Al borde de la ruptura de la unidad de España. Es un proceso que se inició en 2012 en su fase última, en la que ya se decide dar el golpe final para conseguir esa independencia. Un proceso alocado, en el que cada uno de los actores se inventa estructuras de Estado que son productos de iluminados. Los ves declarar como procesados en el caso del Supremo y no transmiten arrepentimiento alguno por lo que han hecho. Es tan terrible que llama la atención que no se den cuenta del daño que han causado. Si se les dejase en libertad volverían a hacer lo mismo. Son mentes para estudiar porque es increíble hasta qué punto han llegaod y están dispuestos a llegar -y a llevar a la sociedad- con tal de colmar sus ansias de esa supuesta independencia de Cataluña que anhelan.
-Muchas horas de trabajo; muchas noches sin dormir… ¿por qué? ¿Por qué no seguir con su vida tranquila?
Formo parte de un partido que tiene un ideario y en el que llevamos muy a gala los principios y valores. Uno de ellos es, precisamente, la defensa de la unidad de España y lo llevamos muy a gala. Por otro lado, la vida a todos nos puede poner en situaciones en las que uno tiene que decidir si está dispuesto a dar el paso para sacrificar tiempo, esfuerzo, familia… por conseguir un objetivo, o prefiere apartarse. Hay abogados a los que les gustaría haber dado ese paso pero que no han podido permitírselo por distintos motivos. Nosotros -Javier Ortega y yo- hemos podido dar la cara, continuar apareciendo como las personas que encabezan la defensa jurídica en los tribunales. Simplemente, no hemos rechazado esa situación que la vida nos ha puesto sin que nosotros la hayamos buscado. Podemos, de alguna manera, asumir el coste -que más que económico es personal- y seguir adelante. Es un honor, y profesionalmente no deja de ser algo que cualquier abogado querría vivir. Todos con los que hablamos nos dan ánimo y nos transmiten: ‘me gustaría estar allí’. No es sólo un procedimiento, es EL PROCEDIMIENTO judicial más importante producido en democracia.
-Hablaba antes de coste. Mucha gente se pregunta de qué viven los abogados de VOX si no cobran de VOX…
Tanto Javier como yo tenemos nuestros despachos. Cuando sacamos vídeos en redes sociales y se nos ve yendo de viaje a otras provincias con militantes y estamos trabajando en el coche… no es una pose. Es verdad, trabajamos en el coche. Aprovechamos cualquier oportunidad para poder trabajar en casos particulares con los que nos ganamos la vida. Y todos los abogados que nos ayudan -que no aparecen porque no quieren, pero que están- lo hacen de forma altruista, gratuita y voluntaria. Así podemos seguir con el trabajo que conlleva este tipo de procedimientos en Barcelona y en Madrid.
-Aclarado el porqué del lío judicial pero, ¿por qué meterse en política? Y, ¿por qué en VOX?
Yo hasta hace tres años no me imaginaba que iba a entrar en un partido político. Pero llega un momento en esta situación de crisis económica -que también ha sido moral, de desesperanza, de personas que lo pasan mal económica y personalmente- que dices ‘no sirve estar despotricando si hacer nada’. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que actuar, no hay más. En ese momento, cuando me pregunto qué puedo hacer yo, en el análisis de los partidos con los que pueda encajar ideológicamente, veo que la única opción -aunque en ese momento no estaba como está ahora ni con las perspectivas de ahora- para mí el único partido era VOX. Los principios y valores, el ideario, es lo que más se acerca a lo que yo pienso. Es un proyecto bonito y lo estamos construyendo. Y a mí siempre me ha gustado construir las cosas, no llegar cuando ya están construidas.
-¿Conocía a Javier Ortega, a Santiago Abascal o a Rocío Monasterio antes de entrar en VOX? ¿Eran amigos?
Cuando entré en VOX no conocía nadie. Es a raíz del secuestro de la propaganda electoral de VOX por llevar los sobres la bandera de España [en diciembre de 2015] cuando me integraron en la oficina electoral como asesor jurídico. En ese procedimiento la relación con Javier se hizo más estrecha; estuvimos cinco días sin parar, sin dormir apenas, a base de vasos de agua y cafés para intentar sacar adelante el tema. Mi vinculación de amistad -así lo considero yo y creo que él tambén- aumentó, y conocí también a todos los demás.
-Decía antes que se siente cómodo con el ideario de VOX. No le duelen o le molestan las críticas, las etiquetas de xenófobos, islamófobos, radicales, poco dialogantes…
No somos ajenos al sufrimiento de los inmigrantes, por ejemplo, pero decimos que no podemos asumir a todas las personas que vienen de otros países. Esa inmigración, sobre todo la irregular, no podemos asumirla y por eso decimos que hay que establecer un control de entrada. Si el país pudiera asumir a todos, fantástico, pero no es así. No hablamos de unos miles de personas, sino de mareas humanas que llevarían a la destrucción de nuestra propia sociedad. No somos xenófobos ni racistas pero creemos en el control de entrada, como la mayoría de países del mundo, por otro lado.
Con la acusación de islamófobos hay que hacer un matiz. El problema del islam es que es una religión que hasta ahora se ha demostrado que no se adapta, sino que va a cambiar las sociedades. Yo quiero España como está y no quiero que me la cambien y me la conviertan en un país musulmán. Tan sencillo como eso, y tengo todo el derecho a pensar así. No estamos contra el islam, pero si viene a absorbernos me tendrán en frente.
-¿Y lo de que no quieren dialogar en Cataluña?
Si quieren poner la política por encima de la ley, no lo aceptamos. En España nos hemos dado unas reglas de juego y en VOX creemos en la unidad de España. Si alguien dice que quiere destruir España, decimos que no estamos de acuerdo. Si alguien comete delitos, decimos que se les juzgue. Si dialogamos dentro del marco establecido estamos dispuestos. Si quieren romper España…no hay diálogo posible. En ese aspecto es verdad que no somos dialogantes.

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