El separatismo catalán sigue con poder suficiente para seguir condicionando la acción del Gobierno de Pedro Sánchez a través del control de empresas españolas.
Un empresario de la máxima confianza de Oriol Junqueras pasará a formar parte del Consejo de Administración de Enagás por un periodo de cuatro años a partir del próximo 25 de marzo, fecha en la que se celebrará una Junta General de Accionistas donde se votará su incorporación como consejero independiente.
Se trata de Vicente Pedret Clemente, un ingeniero destacado en el negocio del vidrio, que participó en el intento de golpe de estado separatista el 1 de octubre de 2017 mediante la presunta ocultación de las urnas, tal y como aparece reflejado en un atestado policial.
En el documento policial del 1-O, los agentes relatan el resultado de una estrecha vigilancia realizada sobre una nave industrial a 43 kilómetros de Barcelona. Al parecer, detectaron dos coches: uno lo conducía Pedret, y el otro Joaquín Torra, que después sería presidente de la Generalidad tras la fuga de Puigdemont.
Pedret es ingeniero químico del Instituto Químico de Sarriá (IQS), vinculado a la Universidad Ramón Lulio, MBA por el IESE y máster y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Además, es presidente de Ramon Clemente SA, empresa dedicada a la fabricación de vidrio para perfumería fundada en 1933.
Curiosamente, y según recoge El Confidencial, las relaciones de este peón del separatismo van más allá de lo empresarial y lo político. Pedret tiene una relación estrecha con el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y expresidente de la Conferencia Episcopal Española. Además, actualmente preside la comisión ejecutiva del Patronato de la Montaña de Montserrat.
Junqueras considera prioritario ganar poder en los ámbitos empresariales de Madrid, una estrategia que ya ha cuajado en Enagás y que situaría a Indra como el próximo objetivo. Aprovechando su posición de fuerza respecto al Gobierno de Sánchez, el dirigente golpista quiere influir directamente en las decisiones del Ejecutivo.
La presión a Moncloa incluye la financiación autonómica, la recaudación del IRPF y la supervisión de la ejecución presupuestaria en Cataluña
