Organizaciones sociales y sindicatos han pedido este martes un incremento del gasto sanitario de 1.000 euros por persona y año para salvaguardar el Sistema Nacional de Salud (SNS), una de las doce recomendaciones que figuran en el documento que han entregado a los miembros de la comisión de reconstrucción.
En concreto, los firmantes son: Médicos del Mundo, semFYC, Salud por Derecho, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública -FADSP-, UGT, CCOO, Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria, Federación de Asociaciones de Enfermería comunitaria y Atención Primaria -Faecap-, FACUA, Consejo General del Trabajo Social y la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos -CEAV-.
Según estas entidades, España cuenta en la actualidad con uno de los gastos sanitarios más bajos por habitante de la zona euro (1.667 euros frente a 2.660 de promedio de la UE, según Eurostat) y está situación se ha traducido «en una importante merma de recursos de la red sanitaria pública que se ha hecho evidente con la crisis provocada por la COVID-19».
Las entidades creen que urge tomar medidas para reforzar el SNS de cara a un posible rebrote, así como de eventuales pandemias futuras o incluso para el día a día de las consultas.
Los firmantes hacen alusión al déficit de camas hospitalarias, que se encuentra entre 50.000 y 70.000 y a la «precariedad» con la que trabaja el personal sanitario (de medicina, enfermería, administración y trabajo social), que llevan años denunciando sus condiciones laborales «sin ser atendidos», subrayan.
Esta crisis sanitaria también -dicen- ha revelado serios problemas de coordinación entre los diferentes actores y ámbitos de responsabilidad en su gestión y entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales, que, según insisten, «es necesario corregir cuanto antes».
«Prevenir posibles colapsos -sostienen- ante situaciones como la que hemos vivido es responsabilidad de las distintas administraciones. Pero la prevención se construye día a día desde el refuerzo de una Atención Primaria, infravalorada e infradotada, así como de un sistema social solidario e inclusivo».
Para las organizaciones es imprescindible que el sistema de protección integre a todas las personas que viven en el territorio, particularmente a las más vulnerables, sin discriminaciones y sin dejar a nadie atrás.
