Continúa el escándalo de fraude masivo en el padrón del Ayuntamiento de Gandía. La oposición ha exigido al Gobierno municipal del socialista José Manuel Prieto que aclare qué controles aplica a las direcciones con más empadronados. Según el recuento municipal difundido por los populares y recogido por ESdiario, hay 1.386 domicilios con seis o más inscritos, frente a los 1.238 que la oposición dio a conocer en 2025. En una sola dirección figuran 57 personas.

El concejal Miguel Ángel Picornell sostiene que las direcciones con 57, 42 y 32 inscritos corresponden a residencias de mayores y sedes de colectivos. El Gobierno municipal cifra en 3.732 las bajas por inscripción indebida tramitadas desde el comienzo del mandato. El balance difundido por el Ayuntamiento no detalla cuántas de esas bajas afectaron a personas que también figuraban en el censo electoral.

La Policía Nacional ya constató en 2025 el empadronamiento irregular de 127 personas en una investigación que se saldó con cinco detenidos. Según los agentes, la red utilizaba contratos de alquiler falsos y cobraba entre 200 y 1.000 euros por inscripción. Los certificados obtenidos podían servir para acreditar la residencia en España. El Ayuntamiento aseguró que las bajas de los afectados se hicieron efectivas el 16 de septiembre de 2025.

Tras aquel caso, Gandía aprobó su primera ordenanza del padrón. El texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 17 de agosto, 16 días después del cierre del censo de las generales del 29-N. Su artículo 10 faculta al Ayuntamiento para comprobar la residencia cuando se solicite empadronar a más de ocho personas de distintos núcleos familiares en un mismo domicilio.

La posible repercusión electoral se juega en las municipales del 23 de mayo de 2027. Un domicilio ficticio puede hacer que una persona con derecho a voto figure en las listas de Gandía pese a residir en otro municipio. En estos comicios también pueden votar los ciudadanos de la Unión Europea empadronados que hayan manifestado su voluntad de hacerlo, así como los nacionales de países con convenio que acrediten los años de residencia legal exigidos y soliciten su inscripción.

El filtro estadístico de altas anómalas de la Oficina del Censo Electoral se aplica a municipios de hasta 2.000 electores. Gandía, con más de 52.000 en las listas del 29-N, queda fuera de ese mecanismo, aunque la Oficina puede requerir comprobaciones específicas. Para determinar si el fraude del padrón tuvo efecto electoral, falta saber cuántas inscripciones indebidas llegaron al censo de Gandía y cuándo se corrigieron.