El voto por correo fue clave en las pasadas elecciones generales de 2023 y su gestión vuelve a situarse bajo el foco tras las informaciones publicadas por El Debate sobre la identificación de los electores mediante miDGT. La Junta Electoral Central autorizó el uso del permiso de conducir digital para entregar personalmente el sufragio en las oficinas de Correos después de recibir una consulta de su entonces presidente, Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Aquella autorización no acredita, por sí misma, que se produjeran irregularidades electorales.

La participación de los responsables de Correos en aquellos comicios quedó reflejada en la despedida que Leire Díez publicó en Facebook el 3 de marzo de 2024. En ella reivindicó el trabajo del equipo durante las generales y presentó su etapa en Productos y Servicios como una responsabilidad sobre el conjunto de las oficinas españolas. Cuando su nombre comenzó a aparecer en las informaciones sobre las presuntas cloacas del PSOE, la empresa pública puntualizó, el 2 de junio de 2025, que Díez «nunca fue responsable del voto por correo», competencia que atribuyó a la Dirección de Operaciones.

No obstante, los documentos citados recogen su intervención en asuntos relacionados con ese procedimiento. Las instrucciones para las elecciones andaluzas de junio de 2022 incorporaban al comité central de seguimiento a la Dirección de Relaciones Institucionales y Filatelia, que encabezaba Díez, y la señalaban como vía para comunicar posibles delitos electorales. Además, el 26 de abril de aquel año, la entonces directiva trasladó a la Junta Electoral Central una pregunta sobre el mantenimiento de las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia. La contestación, emitida el 5 de mayo, tuvo como destinatario a Serrano.

Un año después, tras las sospechas de compra de sufragios en Melilla, el presidente de Correos consultó a la Junta sobre la aplicación de las nuevas exigencias de identificación. El Acuerdo 437/2023, de 21 de junio, permitió utilizar el permiso digital sin la firma del titular cuando fuera el propio elector quien entregase la documentación en una oficina. La autorización no se extendía a las entregas efectuadas por una persona apoderada. Según la información publicada, esa decisión llegó después de que Interior promoviera la incorporación de miDGT a los manuales de las mesas de las autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El origen de la herramienta se remonta a finales de 2018, después de la llegada de Sánchez a la Presidencia y del cambio en la dirección de Tráfico impulsado por Fernando Grande-Marlaska. Su presentación tuvo lugar en marzo de 2020 y circunscribía inicialmente su validez al ámbito de Tráfico. El periódico sostiene que las gestiones para admitirla como identificación electoral no especificaron la necesidad de verificar el código QR de un solo uso, previsto para comprobar la autenticidad del documento. También afirma que pudo emplearse para el voto postal durante ocho procesos electorales, hasta que la Junta suspendió el uso de miDGT y del DNI digital el 26 de marzo de 2026.

En paralelo, Serrano figura como investigado en la causa que dirige Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Según el auto, el magistrado autorizó el 10 de julio de 2026 el acceso y análisis de su teléfono. La resolución contabiliza 10.842 mensajes con Díez: 9.355 intercambiados por WhatsApp entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024, y otros 1.487 por Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025. Que esas conversaciones coincidan temporalmente con distintas elecciones no demuestra que su contenido guarde relación con el voto por correo.

La investigación trata de determinar si el expresidente de Correos toleró la presunta operativa desarrollada en la empresa o participó en su impulso y dirección. Entre los episodios recogidos en el auto aparece una convocatoria de Díez para reunirse en Ferraz el 26 de abril de 2024, cuando ya había abandonado Correos. La causa examina una supuesta red que, según las pesquisas de la UCO, habría combinado comisiones ilícitas vinculadas a contratos por unos 132 millones de euros con maniobras para obtener información comprometedora sobre investigadores, fiscales y jueces.

Entre los nombres relacionados con esas presuntas maniobras aparece el de Beatriz Biedma, instructora del procedimiento contra el hermano de Sánchez. El Debate publicó el 5 de octubre el testimonio de un antiguo integrante del clan de Los Rocho que atribuyó un significado homicida a las expresiones empleadas, según su relato, por el entorno de Díez. Se trata de un testimonio que debe distinguirse de los hechos judicialmente acreditados y que no menciona a Serrano. Ambos conservan la presunción de inocencia y la causa de Pedraz no investiga el voto por correo ni la aplicación miDGT.