El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha ordenado el desalojo de un inquilino de una vivienda perteneciente a Muface, situada precisamente frente al inmueble en el que residía Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo fallecimiento ha provocado numerosas reacciones políticas. La decisión del departamento que dirige el socialista contrasta con sus recientes declaraciones públicas, en las que reclamaba una mayor sensibilidad institucional ante los problemas de acceso a la vivienda.

Según ha revelado el periodista Javier Chicote, el afectado lleva décadas vinculado al domicilio después de que su madre suscribiera un contrato de alquiler en 1988. Durante los últimos años, el hombre permaneció en el inmueble para atender a su progenitora, que se encontraba enferma. Sin embargo, tras su fallecimiento, solicitó asumir la titularidad del arrendamiento mediante una subrogación que no obtuvo el respaldo de la Administración.

Muface únicamente le concedió seis meses adicionales para permanecer en la vivienda, tras los cuales debía entregar las llaves y abandonar el domicilio. El inquilino trató de revertir esta decisión por los cauces administrativos y presentó un recurso de alzada ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. No obstante, su reclamación fue rechazada mediante una resolución fechada en enero de 2026.

La documentación examinada por Chicote atribuye la resolución al departamento de Óscar López, cuyo nombre figura en el escrito junto al del funcionario que lo suscribe por delegación. De esta manera, la Administración ha mantenido su negativa a permitir que el hombre continúe residiendo en el inmueble público, aunque no ha trascendido una fecha concreta para la ejecución del desalojo.

El caso ha salido a la luz después de que el ministro se pronunciara sobre la muerte de Maricarmen, cuya situación habitacional ha ocupado buena parte del debate político de los últimos días. López pidió públicamente «hacerse cargo de todo ese dolor» y expresó su deseo de que el ejemplo de la anciana contribuyera a que España siguiera avanzando. También defendió que, con las medidas legislativas impulsadas por el Ejecutivo, la mujer no habría terminado siendo desahuciada.

La controversia coloca ahora al dirigente socialista ante una contradicción política: mientras reclama protección para las personas amenazadas por la pérdida de su vivienda, su propio ministerio ha rechazado la continuidad de un inquilino en un piso de titularidad pública. Todo ello en plena precampaña de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre, con la política de vivienda convertida en uno de los principales asuntos de confrontación entre los partidos.