España arrastra un déficit de casi 60.000 millones de euros en la conservación y el mantenimiento de su red de carreteras, según las estimaciones de la patronal de la construcción Seopan. El deterioro de las infraestructuras viarias se ha acelerado en los últimos años hasta el punto de que más de la mitad de las carreteras españolas presenta daños graves o muy graves y alrededor de 34.000 kilómetros necesitan actuaciones urgentes, avanza La Razón.

La última auditoría de la Asociación Española de la Carretera (AEC) constata el empeoramiento de la situación. El 52% de la red viaria registra desperfectos importantes y el déficit acumulado de conservación supera ya los 13.500 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento de 4.038 millones respecto a los 9.453 millones que se calculaban en 2022 para corregir las deficiencias del pavimento.

El informe atribuye parte de este aumento al encarecimiento de los materiales, pero también al deterioro físico de las infraestructuras. Según sus cálculos, las carreteras españolas han empeorado a un ritmo del 8% anual durante los últimos tres años.

La situación resulta especialmente preocupante en los tramos que necesitan una reconstrucción inmediata. De los 13.000 kilómetros que en 2022 presentaban daños muy graves en el pavimento se ha pasado a cerca de 34.000 al cierre de 2025, casi el triple. En estas vías, los técnicos consideran necesario intervenir en menos de un año debido a la presencia de baches, grietas, deformaciones y desprendimientos.

A esta red se suman otros 20.407 kilómetros con desperfectos graves que requieren actuaciones en un plazo máximo de cuatro años. En total, más de 54.000 kilómetros necesitan obras durante el próximo cuatrienio, lo que representa más de la mitad de los 101.700 kilómetros analizados.

Seopan calcula que serían necesarios casi 60.000 millones de euros para recuperar los niveles de calidad exigibles en la conservación de las infraestructuras viarias. De esa cantidad, 14.670 millones deberían destinarse a la puesta a cero de las redes de carreteras, es decir, a corregir las deficiencias acumuladas.

Por su parte, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX) cifra en 5.000 millones de euros anuales las necesidades de inversión durante los próximos cinco años. Esta cantidad abarcaría las carreteras estatales, autonómicas y provinciales, incluidas las autopistas de peaje que han pasado a ser gratuitas.

El deterioro de las vías también tiene consecuencias sobre la seguridad y el bolsillo de los conductores. Los expertos advierten de que el mal estado del firme, la señalización, los sistemas de drenaje y las barreras de protección incrementa el riesgo de accidentes. Además, circular por carreteras deterioradas puede elevar hasta un 12% el consumo de combustible.

Durante los dos meses de verano, este sobrecoste habría superado los 270 millones de euros, teniendo en cuenta los más de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido registrados en ese periodo.

El problema se enmarca en un contexto de reducción de la inversión pública en infraestructuras. En 2025 alcanzó los 16.114 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior, pero un 60% menos que en 2009 en términos reales.

La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) señalan que el peso de las infraestructuras en la inversión total ha pasado del 61,2% en 2009 al 37,9% en 2025. A ello se suma que España lleva ocho años sin impulsar suficientemente la renovación de sus equipamientos.

Ante esta situación, Seopan reclama modernizar la contratación pública, garantizar los presupuestos y los plazos de ejecución y recuperar los mecanismos de revisión de precios en los contratos. La patronal también considera prioritario impulsar las concesiones y la colaboración público-privada para recuperar el tiempo perdido.