España ha aumentado en los últimos tiempos las toneladas de fruta que llega procedente de terceros países, a pesar de las advertencias cada vez más frecuentes por la presencia de residuos químicos no permitidos. En particular, los aguacates importados desde fuera de la Unión Europea están generando un creciente malestar entre los productores nacionales por los riesgos sanitarios y el impacto económico que suponen.
Uno de los focos de preocupación más recientes gira en torno al uso excesivo de cadmio en los fertilizantes empleados para acelerar la producción en países exportadores como Perú o Marruecos. Este metal pesado, restringido en la agricultura europea por sus efectos tóxicos, ha sido detectado en niveles que superan el Límite Máximo de Residuos (LMR) establecido por la normativa comunitaria, según avanza El Debate.
Según los datos recogidos por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en la Comunidad Valenciana, sólo en el primer cuatrimestre de 2025 se han emitido siete alertas sanitarias por esta causa, frente a las tres que se registraron durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un aumento del 133% y, según la organización, evidencia la pasividad de las autoridades europeas frente a una amenaza creciente para la salud y el mercado interno.
Carles Peris, secretario general de la organización agraria, señala que los controles en frontera son insuficientes, con un máximo actual del 30% de los lotes analizados. Desde su entidad proponen ampliar esa supervisión hasta el 50% durante un año para los países con mayor número de incidencias, y suspender las importaciones si se detecta un repunte del 5% en las alertas durante cualquier mes de ese periodo.
«Nos exigen reducir pesticidas, lo que nos encarece la producción y dificulta el control de plagas, mientras los productos que llegan de fuera incumplen los requisitos que se nos imponen a nosotros», denuncia Peris. A su juicio, esta situación representa una competencia desleal que pone en peligro la viabilidad del cultivo nacional y la salud de los consumidores europeos.
A pesar de los esfuerzos de los productores locales por adaptarse a normas más estrictas, los mercados siguen recibiendo partidas de fruta que incumplen los estándares fitosanitarios europeos. La organización reclama que se apliquen las llamadas «cláusulas espejo», que exigen a las importaciones los mismos criterios que se imponen a los agricultores del bloque europeo, pero afirma que estas han quedado en el olvido.
