España cerró 2025 con un nuevo máximo histórico de empleados públicos, al alcanzar los 3,64 millones de personas, según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra consolida una tendencia de crecimiento sostenido del empleo en las administraciones y amplía la distancia con el número de trabajadores autónomos, que se situó en 3,29 millones al cierre del ejercicio. La brecha entre ambos colectivos ronda las 350.000 personas, la mayor registrada en la serie histórica, según publica VozPópuli.
De acuerdo con la última actualización de la Encuesta de Población Activa (EPA), la diferencia se ha intensificado de manera continuada desde 2017, año en el que el empleo público retomó una senda de expansión tras un periodo de estancamiento. A finales de ese ejercicio, el número de empleados en las administraciones superó por primera vez al de trabajadores por cuenta propia, una relación que se ha ido ampliando en los años posteriores. En el verano de 2024, la distancia llegó a aproximarse a las 400.000 personas, antes de moderarse ligeramente en el cierre de 2025.
Durante la primera década del siglo XXI, entre 2002 y 2008, el trabajo autónomo experimentó un crecimiento sostenido que le permitió alcanzar un máximo de 3,65 millones de personas. En ese contexto, marcado por la expansión económica y el auge inmobiliario, los autónomos llegaron a superar en cerca de 700.000 a los empleados públicos. Sin embargo, la crisis posterior provocó un descenso significativo de esta modalidad de empleo, que cayó por debajo de los tres millones en su punto más bajo.
En la actualidad, el número de autónomos se mantiene estable en niveles similares a los de 2009, con un aumento acumulado del 7% en los últimos ocho años. En el mismo periodo, el empleo público ha registrado un crecimiento del 18%, casi el triple, según las estadísticas oficiales. Esta evolución ha tenido un impacto directo en el gasto público en remuneración de asalariados, que se sitúa también en máximos históricos.
Las estimaciones para 2025 apuntan a que la factura en nóminas públicas se ha aproximado a los 180.000 millones de euros, impulsada tanto por el incremento de efectivos como por la actualización salarial. Tras un año de congelación, los sueldos públicos subieron un 2,5% a finales de 2025, al que se añadió un 1,5% en el arranque de 2026. Estas medidas forman parte del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para revalorizar las nóminas un 11,4% entre diciembre de 2025 y 2028, lo que situaría el salario medio por encima de los 3.500 euros brutos en 12 pagas al final del periodo.
En paralelo, las organizaciones de autónomos han reiterado sus críticas a la evolución de los costes y a las condiciones regulatorias. La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) ha vinculado la pérdida de empleadores y comerciantes en los últimos años a factores como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la carga administrativa. Según la patronal, en 2025 se perdieron 8.100 autónomos empleadores y en el último lustro han desaparecido 60.000 comerciantes, un fenómeno que consideran especialmente relevante para las pequeñas empresas y el tejido productivo local.
