Los agricultores españoles estallan contra las políticas comerciales de la Unión Europea por la creciente entrada de productos agrícolas procedentes de Marruecos, especialmente tomates, que compiten con las explotaciones nacionales pese a producirse bajo condiciones laborales y regulatorias diferentes. Los representantes del sector denuncian que los acuerdos suscritos por Bruselas con países extracomunitarios están perjudicando la rentabilidad del campo español y obligando a numerosos productores a reducir sus márgenes para mantener su presencia en el mercado.

El problema se ha agravado durante la última década, cuando Marruecos ha reforzado su posición como proveedor de tomate para el mercado europeo, hasta situarse por delante de España en determinadas clasificaciones de exportaciones hacia la Unión Europea. Los productores nacionales consideran que esta evolución responde, en buena medida, a las ventajas competitivas del país norteafricano, cuyos costes salariales son considerablemente inferiores a los soportados por las explotaciones españolas.

La diferencia resulta especialmente evidente en la contratación de trabajadores agrícolas. Mientras que una explotación tomatera española afronta un coste laboral próximo a los diez euros por hora, en Marruecos esa misma cantidad puede equivaler al salario de una jornada completa. Esta disparidad permite al sector marroquí desarrollar determinados cultivos intensivos en mano de obra con unos costes mucho menores, según denuncian las organizaciones agrarias.

Sin embargo, los últimos datos comerciales revelan una circunstancia llamativa: España paga más por cada kilogramo de tomate importado desde Marruecos que el precio medio que reciben sus propios agricultores por determinadas variedades. Durante la campaña comprendida entre agosto de 2025 y julio de 2026, las importaciones españolas de tomate alcanzaron las 305.436 toneladas, con un desembolso de 337,69 millones de euros, de acuerdo con las estadísticas recogidas por El Debate.

Portugal encabezó la lista de países suministradores con 172.519 toneladas y un precio medio de 0,67 euros por kilogramo. Marruecos ocupó la segunda posición, con 89.189 toneladas, aunque su precio unitario se elevó hasta los 1,72 euros por kilo. Países Bajos, tercer proveedor, comercializó 29.406 toneladas a una media de 1,52 euros. En comparación, el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía situó en 1,14 euros por kilogramo el importe percibido por los agricultores españoles por el tomate producido en invernadero.

Esta diferencia tiene una explicación relacionada con las variedades comercializadas. Andrés Góngora, secretario general de COAG y productor de tomate en Almería, señala que una parte importante de las exportaciones marroquíes corresponde al tomate cherry, mientras que en otros países predominan las variedades de rama o pera. Por ello, los precios medios de importación no resultan directamente comparables con los registrados en las explotaciones españolas.

El tomate cherry exige una mayor dedicación de mano de obra durante su recolección. Cada pieza puede pesar aproximadamente 30 gramos, por lo que es necesario recoger numerosas unidades para completar un kilogramo de producto. Esta circunstancia incrementa el trabajo requerido por tonelada, pero también permite a Marruecos aprovechar sus menores costes laborales para competir en un segmento de mayor valor comercial.

Los agricultores españoles advierten de que la presión de las importaciones termina afectando a los precios en origen y dificulta la continuidad de aquellas explotaciones que deben asumir salarios, cotizaciones y exigencias medioambientales más elevados. Aunque los productos importados deben cumplir los requisitos europeos aplicables a su comercialización, las condiciones de producción en los países de origen no siempre coinciden con las exigidas a los productores comunitarios.

A esta controversia se suma el origen de parte del tomate comercializado por Marruecos, ya que determinadas producciones proceden del Sáhara Occidental, territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa internacional. Las organizaciones agrarias han cuestionado que estos productos puedan beneficiarse de las condiciones comerciales negociadas entre Bruselas y Rabat y han reclamado una identificación clara de su procedencia.

El debate se ha intensificado con la renovación del marco comercial entre la Unión Europea y Marruecos, especialmente por el tratamiento de los productos cultivados en el Sáhara Occidental. Los agricultores españoles consideran que las instituciones comunitarias deben garantizar una competencia equilibrada y evitar que las diferencias de costes laborales y regulatorios comprometan la viabilidad de sus explotaciones.

Mientras tanto, el sector tomatero español reclama medidas que permitan competir en condiciones equivalentes con las importaciones extracomunitarias, en un escenario marcado por el crecimiento de la oferta marroquí, la presión sobre los márgenes agrícolas y el encarecimiento de los costes de producción.