El plan de «regularización» masiva aprobado por el Gobierno de Sánchez ya tiene un nuevo perfil de beneficiario. Jóvenes iberoamericanos, formados en escuelas de negocios de élite en Madrid, con matrículas que superan los 40.000 euros y visados de estudios a punto de caducar, han comenzado a acogerse a esta vía excepcional para evitar convertirse en ilegales. La medida, concebida para dar salida a situaciones administrativas irregulares, está siendo utilizada por alumnos de alto nivel adquisitivo que terminaron sus másteres sin lograr un contrato que les permitiera modificar su permiso de estancia.

Despachos especializados en extranjería y movilidad internacional reconocen que, desde la activación del proceso, el volumen de consultas se ha disparado. El perfil se repite: estudiantes procedentes en su mayoría de Perú, México, Colombia, Chile o Argentina que iniciaron sus programas en 2024 o 2025 y que ahora cumplen el requisito temporal exigido por la norma.

La clave se encuentra en el calendario. Para acceder a la autorización por circunstancias excepcionales es necesario acreditar presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y demostrar una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de la solicitud. Muchos programas executive y másteres privados concluyen entre junio y julio, mientras que las autorizaciones de estancia suelen extenderse hasta finales de verano o comienzos de otoño. Es en ese intervalo cuando numerosos alumnos intentan modificar su permiso a una autorización de trabajo. Si no lo consiguen, quedan en una situación de riesgo administrativo.

A diferencia de otras figuras de arraigo, esta vía resulta especialmente atractiva porque no exige contrato previo. La mera presentación de la solicitud puede suspender eventuales procedimientos de expulsión y, tras su admisión a trámite, permitir trabajar de forma provisional mientras se resuelve el expediente. Ese efecto inmediato explica el interés creciente entre quienes ven agotarse su visado sin haber consolidado su situación laboral.

El fenómeno rompe con la imagen tradicional asociada a la irregularidad. No se trata de personas sin recursos, sino de jóvenes cualificados, con formación en escuelas privadas de referencia y respaldo económico propio o familiar. Sin embargo, el obstáculo administrativo es el mismo: la imposibilidad de enlazar estudios y empleo dentro de los plazos ordinarios.

Los despachos jurídicos piden prudencia hasta conocer el desarrollo definitivo y los criterios de aplicación de la norma. Mientras tanto, la regularización extraordinaria amplía su alcance más allá de los perfiles inicialmente previstos y se convierte en una tabla de salvación para un segmento muy concreto de estudiantes internacionales que aspiran a transformar su paso por las aulas en un proyecto de vida estable en España.