La preocupación crece dentro del PSOE ante el alcance económico que puede terminar adquiriendo la investigación de la Audiencia Nacional sobre los pagos en metálico realizados por Ferraz. Fuentes socialistas admiten a La Razón que los últimos movimientos judiciales y el clima interno han elevado la inquietud ante la posibilidad de que las cantidades que finalmente queden bajo la lupa sean muy superiores a las conocidas hasta ahora. «Se habla de cifras inasumibles», sostienen las fuentes consultadas.

El foco ya no está únicamente en qué puede encontrar la Justicia en los pagos en efectivo, sino en cuánto dinero puede aflorar cuando los investigadores completen el cruce de cuentas, donaciones, facturas y movimientos de efectivo.

La investigación, que permanece bajo secreto, está dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y ha acumulado durante meses documentación relacionada con los pagos efectuados por el PSOE entre 2017 y 2024.

El instructor dispone además de un elemento especialmente sensible: la identidad de los donantes del partido remitida por el Tribunal de Cuentas. Esa información permite a los investigadores dejar atrás las cantidades globales y comenzar a cruzar nombres, aportaciones, fechas y capacidad económica de quienes realizaron las donaciones con los movimientos de efectivo y con las personas situadas alrededor de José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán.

La investigación intenta determinar si el circuito empleado oficialmente para sufragar gastos ordinarios del PSOE funcionó siempre como sostiene Ferraz o si pudo utilizarse para introducir dinero de otra procedencia.

Esa segunda posibilidad no está acreditada y constituye precisamente una de las hipótesis que la Audiencia Nacional trata de confirmar o descartar mediante el análisis de la documentación.

El PSOE sostiene que no se financió ilegalmente y ha entregado la información solicitada por el juzgado. Sin embargo, según las fuentes socialistas consultadas, la inquietud interna se concentra ahora en la dimensión económica que puede terminar alcanzando el procedimiento.

El temor en sectores de la dirección socialista es que las cantidades conocidas hasta ahora no reflejen el verdadero volumen de dinero que finalmente pueda quedar sometido al análisis judicial.

El procedimiento tiene todavía recorrido por delante. El volumen de documentación obliga a revisar y cruzar numerosos movimientos, pero dentro del PSOE existe expectación ante las novedades que puedan producirse durante los próximos meses.

Si las pesquisas permiten concretar nuevos movimientos de dinero, la presión sobre Ferraz dejaría de limitarse a la existencia de una investigación secreta y pasaría a centrarse también en la magnitud de las cantidades examinadas.

En las conversaciones internas aparece además el nombre del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta el momento no existe una resolución judicial que lo vincule con una presunta financiación ilegal del PSOE, aunque diferentes investigaciones y declaraciones han situado a personas de su entorno y determinadas actividades empresariales bajo el foco.

El empresario Víctor de Aldama declaró ante el juez que el entorno de Zapatero habría intervenido en operaciones relacionadas con la financiación. Sus afirmaciones, sin embargo, necesitan ser corroboradas y no constituyen por sí mismas una prueba de financiación ilegal. La investigación dispone ahora de documentación con la que poder contrastar esas declaraciones.

El expresidente afronta paralelamente otro frente en el caso Plus Ultra. Zapatero intenta que la Audiencia Nacional deje fuera de ese procedimiento las pesquisas policiales sobre sus negocios en Bolivia al considerar que investigar esas actividades excede el objeto de la causa.

La documentación relativa a esas actividades llegó a los investigadores a partir de información incorporada al procedimiento y el juez decidió mantenerla dentro de las pesquisas.

Se trata, en cualquier caso, de procedimientos distintos y no existe judicialmente una causa única que conecte las cuentas del PSOE con los negocios de Zapatero. La coincidencia está en la acumulación de investigaciones que afectan al entorno socialista y que tienen el seguimiento del dinero como elemento común.

A ese escenario se suma el caso Leire. El juez Santiago Pedraz mantiene abierta una pieza económica en la que se rastrean 82 cuentas de doce entidades financieras, seis de ellas del PSOE, con el objetivo de identificar quién terminó financiando las actividades investigadas.

La declaración de la gerente socialista, Ana María Fuentes, confirmó además pagos a abogados que habían sido cuestionados anteriormente por el propio partido y situó en Santos Cerdán la decisión sobre determinadas contrataciones.

El juez considera necesario reconstruir lo que define como un «imbricado sistema de soporte económico» y determinar si existió solapamiento u ocultación de determinados pagos. Ferraz niega haber financiado actividades ilegales y ha solicitado que la información bancaria ajena al objeto de la investigación quede protegida.

El problema para el PSOE es la simultaneidad de los frentes judiciales. Una investigación examina los pagos en efectivo y las donaciones del partido. Otra trata de reconstruir quién sufragó las actividades atribuidas a Leire Díez. Y una tercera causa, independiente de las anteriores, ha colocado bajo investigación actuaciones económicas relacionadas con Zapatero.

Las tres investigaciones son distintas, pero comparten un elemento que explica la creciente inquietud interna en Ferraz: dinero, documentación bancaria y capacidad judicial para seguir su recorrido.