Este lunes, Álvaro García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general del Estado procesado por la Justicia, pero lejos de apartarse, ha dejado claro que no piensa dimitir. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, le ha renovado su respaldo sin fisuras, ignorando la tormenta institucional que crece en el corazón del sistema judicial.
Desde hace meses, las principales asociaciones fiscales reclaman su salida, entre ellas la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. La presión ha llegado incluso a la cúpula de la Fiscalía: 13 de los 35 fiscales de sala le enviaron una carta para exigirle que abandone el cargo. Entre las firmantes figura la ex fiscal general del Estado María José Segarra, nombrada en 2018 por el propio Gobierno de Sánchez.
«El fiscal general debería haber dimitido desde la apertura de la causa para proteger a la institución. Que no lo haga ahora sólo aumenta el perjuicio a la Fiscalía», lamenta uno de los fiscales consultados. Otro lo resume con crudeza: «Es un rehén del Gobierno y no le dejan ni la decencia de dimitir”.
Pero García Ortiz se atrinchera. Este lunes aseguró que seguirá «defendiendo la actuación y la integridad de la institución». Ya tras conocerse la causa penal, se justificó diciendo que mantenerse en el cargo «refuerza la independencia de la Fiscalía española«.
Una afirmación que muchos de sus colegas consideran absurda. Para los jueces, la situación ha sumido a la Fiscalía en una crisis sin precedentes. Uno de ellos lanza un ejemplo rotundo: «La fiscal que acusa en la causa por revelación de secretos depende jerárquicamente del imputado. Eso es un oxímoron«.
Otro señala directamente a una estrategia de deslegitimación: «Se está valiendo de los mecanismos procesales para desacreditar al juez. Es contradictorio que quien ejerce la acusación pública ponga en duda el sistema que representa«.
El principal obstáculo para su salida es legal. Ninguna norma habilita de forma clara el cese del fiscal general. Y en caso de juicio oral, la paradoja es sangrante: la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez —también procesada— sería suspendida cautelarmente por orden del propio García Ortiz. Pero él no podría ser suspendido, al estar en «servicios especiales», según el Estatuto del Ministerio Fiscal.
«Es una felonía«, critica un juez. «La fiscal de Madrid no puede dirigir a sus subordinados por estar procesada, pero el jefe de todos los fiscales sí puede seguir en el cargo. Esto debería encender a la carrera fiscal».
Algunos juristas señalan como posible vía legal un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite suspender a jueces procesados. Pero su aplicación al fiscal general no es automática y exige una interpretación forzada. «La literalidad de la ley no lo permite. Es discutible aplicar por analogía esa suspensión», reconoce otro magistrado.
El Gobierno, lejos de rectificar, ha redoblado su desafío a la Justicia. Este mismo lunes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, arremetió contra el Tribunal Supremo, asegurando que «la oposición real al Gobierno se ejerce desde este tribunal».
Mientras tanto, la Fiscalía se desangra institucionalmente con un jefe procesado, señalado y blindado por el Ejecutivo.
