El auto del Tribunal Supremo notificado este viernes desvela que, de los 31.390 expedientes de la conocida como ‘ley de nietos’ revisados hasta el 21 de octubre, los consulados sólo han expedido 91 certificados que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos para poder votar. El dato supone apenas el 0,28% del total revisado y ha sido calificado por Vox como un «fraude de ley» y un «fraude electoral a plazos».
La cifra figura en el último Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, dictado en el marco de los recursos interpuestos por VOX. En él se confirma que la Administración ha revisado 31.390 de los 163.020 expedientes de personas nacionalizadas al amparo de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, pero que únicamente en 91 casos se ha emitido el certificado consular que permite acreditar la condición de descendiente de exiliado por motivos políticos, ideológicos o de creencia, sin aplicar la presunción contenida en la instrucción ministerial de 2022.
Esa presunción —que daba por exiliado a prácticamente cualquier español que abandonara el país entre 1936 y 1955— es precisamente la que el Supremo ha cuestionado. Desde septiembre, el tribunal mantiene suspendidos cautelarmente los efectos electorales de estas nacionalizaciones en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), de modo que solo quienes obtengan el certificado individual pueden ejercer el derecho de voto en las elecciones del 29 de noviembre. El resto de los expedientes ya revisados (31.299) quedan, de momento, fuera del censo.
El Auto califica de «incomprensible» que la Administración no haya facilitado todavía la relación nominal completa de los 163.020 afectados, a pesar de que fue la propia Abogacía del Estado quien aportó esa cifra exacta. Por ello, el Supremo ha dado un ultimátum a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: deberán remitir la lista antes de las 15.00 horas del 28 de octubre, bajo apercibimiento de multa coercitiva de 1.000 euros (reiterable) y de la posible deducción de testimonio por responsabilidad penal.
Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo y coordinador jurídico del partido, ha reaccionado de inmediato al Auto: «Ni 24 horas en tener la prueba. El 0,28%. Un puñetero escándalo, un fraude de ley, un fraude electoral a plazos». El dirigente ha reiterado su promesa de revisar todos los expedientes y revertir las concesiones irregulares si su formación obtiene mayoría suficiente.
La ‘ley de nietos’ ha generado cientos de miles de solicitudes de nacionalidad (se hablaba de más de dos millones en total, con más de medio millón ya aprobadas). El Supremo no ha anulado ninguna nacionalidad concedida, pero ha dejado claro que el derecho al voto en estas elecciones queda condicionado a la acreditación individualizada del exilio, y no a la aplicación masiva de una instrucción que, según los recurrentes, se extralimitaba de la ley. Con los plazos electorales encima y solo un porcentaje mínimo de certificados expedidos, el desajuste entre las nacionalizaciones otorgadas y las que superan el filtro judicial se ha convertido en uno de los principales frentes del enfrentamiento entre el Gobierno y el alto tribunal.
