El plan anticorrupción presentado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con fuertes críticas por parte del sector corporativo. Fuentes consultadas por The Objective han calificado la batería de medidas como un ejercicio de «buenas intenciones» que no ataca el verdadero núcleo del problema: las irregularidades en la contratación pública.
El paquete de 15 medidas, que incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y diversas iniciativas para fomentar la transparencia, es visto por empresarios como una maniobra ineficaz que no evitará que casos como el de la empresa Servinabar puedan volver a repetirse. En este contexto, las fuentes han advertido de que el plan no contempla controles específicos sobre la formación de uniones temporales de empresas (UTE) ni mecanismos para excluir a compañías fantasma de los concursos públicos.
Además, han alertado de que muchas de las medidas anunciadas ya existen o han sido previamente propuestas, como la prohibición de contratar con empresas condenadas por corrupción o la regulación de grupos de interés. A esto se suma la preocupación por el aumento del gasto público que implicaría la nueva agencia, cuya dirección dependería del propio Ejecutivo.
Otro punto polémico es el intento del Gobierno de centralizar el control de la contratación en administraciones locales y autonómicas. Las empresas contratistas han denunciado la falta de medidas para fiscalizar el proceso de adjudicación de contratos, donde más del 60% de las denuncias ni siquiera se investigan.
