El grupo turístico Globalia recibió un rescate público de 475 millones de euros el 3 de noviembre de 2020. Apenas un mes después, el 6 de diciembre, decidió disolver una de sus sociedades en Panamá, C.H. Marketing Corp., según datos del Registro Mercantil panameño a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

Dicha sociedad, que operaba desde 1996, tenía como finalidad la gestión de dividendos procedentes de sus hoteles en República Dominicana, una de las áreas más rentables de Globalia. Su estructura financiera fue diseñada con la colaboración de un despacho español, y contaba con los abogados Rogelio Ernesto Anguizola y Juan José Illueca Morales como suscriptores.

El uso de Panamá como plataforma financiera no es un caso aislado dentro del rescate concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia. En el polémico caso de Plus Ultra, el Ejecutivo permitió que la aerolínea mantuviera cuatro millones de euros en un depósito en el banco panameño Panacorp hasta 2028, sin descontarlo del rescate de 53 millones que recibió.

En el caso de Globalia, su estrategia financiera incluía otras sociedades en paraísos fiscales. Una de ellas es Intertravel SARL, registrada en Luxemburgo, país conocido por sus acuerdos fiscales que permiten tributar a tasas reducidas, en torno al 2%. Esta sociedad se encargaba de gestionar los beneficios de la asociación con el empresario Pedro Pueyo, dueño de la cadena Oasis, con presencia en México y República Dominicana.

El uso de estructuras fiscales en jurisdicciones favorables como Panamá o Luxemburgo es una práctica habitual entre grandes corporaciones. En este caso, Globalia se habría beneficiado de la estrategia conocida como Treaty Shopping, una técnica utilizada para eludir impuestos mediante el acceso indirecto a tratados fiscales bilaterales. Según la OCDE, este tipo de maniobras pueden socavar la soberanía fiscal de los países al aprovecharse de beneficios fiscales que no estaban previstos para determinadas empresas.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han revelado que Globalia ocultó parte de su patrimonio mientras negociaba el rescate con el Gobierno. En julio de 2020, la compañía contaba con activos hoteleros valorados en 2.000 millones de euros. Además, la familia Hidalgo, propietaria del 95% del holding, había repartido un dividendo de 35 millones en febrero de 2020, meses antes de solicitar la ayuda pública.

A pesar de su delicada situación financiera, Air Europa, la aerolínea del grupo, obtuvo un crédito de 141 millones de euros con aval del ICO en mayo de 2020, cuya devolución ha sido postergada hasta mayo de 2025.

Las pruebas recabadas por la UCO también muestran cómo Víctor de Aldama y Javier Hidalgo maniobraron para ampliar la ayuda gubernamental. En julio de 2020, Aldama se reunió con Nadia Calviño, entonces vicepresidenta económica, y logró una llamada entre Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Javier Hidalgo el 4 de agosto de 2020 para discutir el rescate.

El informe policial también refleja que Calviño tenía conocimiento del reparto de dividendos por parte de los Hidalgo. El 22 de julio, la vicepresidenta envió un mensaje a Koldo García, asesor de Ábalos, con un enlace a una noticia que revelaba el reparto millonario realizado en febrero de 2020.