El Gobierno se reunirá con los agentes sociales y económicos para abordar las repercusiones que pueda tener en el ámbito laboral la evolución de la pandemia cuando las aulas estén abiertas, algo que también se tratará en la próxima conferencia de Presidentes autonómicos el 4 de septiembre.
Así lo ha asegurado en Mérida la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, al ser preguntada por la posibilidad de establecer permisos retribuidos o bajas para padres con hijos en cuarentena, una medida sobre la que no se ha pronunciado expresamente.
Lo que sí ha afirmado es que en la reunión con los agentes sociales y económicos, que, según ha dicho, podría coincidir «seguramente» el 4 de septiembre con la de presidentes autonómicos, se pondrán encima de la mesa «los temas que afectan al mundo laboral pero que vienen del arranque del curso académico» para tener una respuesta «mucho más afinada».
Calvo ha incidido en que «nadie puede tener de antemano la hoja de ruta cerrada de una pandemia, ni este gobierno ni otro», una situación ante la que se debe ser «lo más eficientes y colaboradores posibles».
En esta línea, ha valorado el acuerdo que alcanzaron ayer el Gobierno y las comunidades autónomas para el inicio del curso escolar y que supone «una propuesta en este momento de tranquilidad» y en unas «condiciones buenas».
«Lo importante es que los niños vuelvan al colegio, sobre todo los más pequeños, hasta segundo de la ESO», ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo central, quien ha insistido en que los alumnos deben retomar su camino académico «sin grandes trastornos» ni ninguna sensación «disruptiva», más allá de lo ocurrido el curso pasado, debido a la crisis sanitaria.
El gobierno, ha remarcado, «quiere que los niños pequeños estén en las aulas», pues es «el lugar donde socializan» y que permite a sus padres que puedan ir a trabajar con normalidad.
Por ello, Calvo ha apelado a la «inteligencia, eficiencia, coordinación y buena voluntad» de todo el mundo para «ordenar los problemas con jerarquía» y la jerarquía, ha dicho, es «la salud de nuestros niños, su escolarización, la tranquilidad de los padres y madres, y la protección de los menores; lo otro va detrás».
Además, ha defendido el trabajo que ha venido desarrollando el gobierno en esta materia, con la aprobación en junio del fondo covid-19 de 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, con el que se financiarán los gastos derivados de la pandemia y de los que 2.000 millones corresponden a Educación.
Madrid pide un plan común ante familias que no lleven a sus hijos al colegio
El consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, ha reclamado este viernes un plan común de las autonomías, por ejemplo para decidir si se acude a la Fiscalía para perseguir estas conductas que pueden tener incluso “consecuencias penales”, según ha señalado el responsable regional en Onda Madrid.
Ossorio ha asegurado que las penas de la Fiscalía en estos supuestos se dirigen a “casos extremos de padres que no llevan a sus hijos a clase nunca”, no están pensados para menores que falten 5 o 10 días, sino “para casos auténticamente recalcitrantes”.
“En una situación ordinaria un padre no puede decidir que su hijo vaya al colegio, pero nos encontramos en una situación muy especial de pandemia (…) esa ley no estaba pensada para esa realidad”, ha señalado Ossorio.
A los padres les ha dicho que el plan de vueltas a las aulas busca la “máxima seguridad”, ha destacado que los contagios entre menores son “muchos menos”, la enfermedad les incide “muchísimo menos” y se ha visto que “aquellas ideas de que eran supercontagiadores no son ciertas”.
Además, el consejero ha defendido que Madrid no fije “números fijos” de casos para cerrar aulas o colegios, pues estos números pueden ser razonables en unos casos y en otros no, debido a las diferencias en el tamaño de los centros y la concentración de los alumnos.
Respecto al plan consensuado ayer entre el Gobierno y las autonomías, ha defendido que apoyan el documento porque es “razonable” pero ha agregado que “las decisiones tomadas el 27 de agosto no sirven para nada” y ha afeado “falta de interés” por parte del Ministerio de Educación para coordinar antes una estrategia común.
