
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santomera han desarrollado una actuación en el municipio de Santomera (Murcia) que ha culminado con la detención de 14 personas por no tener regularizada su estancia en territorio nacional. Se trata de un dispositivo policial para detectar irregularidades en el padrón municipal y revisar viviendas con deficiencias graves de habitabilidad.
En total 11 viviendas y un bajo comercial se han inspeccionado, de los cuales 7 no cumplían las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. Además, se han detectado 51 infracciones administrativas a la Ley de Extranjería, según informaron fuentes de la Benemérita.
El fuerte operativo desplegó por la ciudad a más de 30 efectivos, siendo dirigido por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional y contó con la colaboración de técnicos municipales del Ayuntamiento, especializados en temas de inspección urbanística y medioambiental.
La actuación, autorizada por la Delegación del Gobierno en la Región, surgió a iniciativa del Ayuntamiento de Santomera, que identificó una serie de indicios de fraude en inscripciones realizadas en el padrón municipal. Al parecer, para estos fines se habían utilizado inmuebles que no cumplían las condiciones mínimas de habitabilidad. El objetivo principal era prevenir el hacinamiento, proteger a menores en situación vulnerable, verificar residencias reales y combatir la presencia de inmigración ilegal dentro del término municipal.
El operativo, en el que participaron más de una treintena de efectivos de los cuerpos policiales participantes, se dirigió a la inspección de varias viviendas que habían sido utilizadas como domicilio para formalizar los empadronamientos y que, al parecer, no cumplían las condiciones mínimas de salubridad, seguridad y habitabilidad. Los técnicos municipales detectaron siete viviendas con este tipo de carencias.
La iniciativa forma parte de una campaña del Ayuntamiento, para eliminar «pisos patera» y frenar la inmigración ilegal. Todo ello, para desarticular redes de explotación y de empadronamientos fraudulentos.