«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Los terminales deben disponer de 128 gigabytes de almacenamiento

Golpe sin precedentes a la limpieza electoral: Sánchez exige un móvil en cada mesa electoral con conexión a internet, geolocalización, memoria y control remoto

Pedro Sánchez. Redes sociales

El golpe a contrarreloj de Pedro Sánchez para introducir 61.603 teléfonos inteligentes en las mesas electorales del próximo 29 de noviembre plantea interrogantes sobre las garantías de seguridad del sistema de identificación digital. El Gobierno ha adjudicado por el procedimiento de emergencia un contrato de aproximadamente siete millones de euros para desplegar dispositivos destinados a comprobar la autenticidad del DNI digital. Sin embargo, las características técnicas exigidas van mucho más allá de la simple lectura de un código QR.

Los terminales deben disponer de 128 gigabytes de almacenamiento, conexión a internet, geolocalización y herramientas de administración a distancia. Según la documentación contractual difundida por El Debate, el sistema permite visualizar y controlar remotamente las pantallas en tiempo real, instalar aplicaciones, modificar su configuración y ejecutar instrucciones sin necesidad de acceder físicamente a los dispositivos.

La polémica radica en que la verificación del código QR de MiDNI puede efectuarse sin conexión a internet, según las especificaciones recogidas en el propio contrato. Esta circunstancia abre preguntas sobre la necesidad de determinadas funcionalidades: quién dispone de permisos de administración, qué información puede almacenarse, si existe algún registro de las identificaciones y qué mecanismos impiden que los datos sean transmitidos sin autorización.

Las dudas alcanzan también a los informes de seguridad. De acuerdo con la información publicada, la Policía emitió una valoración favorable limitada a la función de comprobación del código QR, sin que ese documento constituya una certificación de seguridad integral de los terminales. El Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio del Interior que acredite los controles de seguridad exigibles, una cuestión especialmente relevante ante las posibilidades de gestión remota previstas en el contrato.

La operación se tramitó con carácter de emergencia en octubre, después de la tragedia ferroviaria de Urda, que provocó decenas de fallecidos. En la documentación contractual examinada por El Debate tampoco se identifica, según el periódico, la marca ni el modelo comercial de los teléfonos, lo que añade incertidumbre sobre las características concretas de los equipos y las medidas de protección implementadas.

La controversia se suma a los antecedentes de identificación electoral mediante documentos digitales. Durante anteriores convocatorias se permitió acreditar la identidad mostrando documentación en dispositivos móviles sin exigir inicialmente la comprobación electrónica de su autenticidad, un criterio posteriormente revisado. Ahora, la incorporación de decenas de miles de terminales administrables a distancia vuelve a situar el foco sobre los procedimientos de supervisión tecnológica de las elecciones.

El hecho de que un dispositivo disponga de capacidades de conexión, almacenamiento o control remoto no demuestra por sí mismo que se estén utilizando para recopilar información de los votantes ni para intervenir en el proceso electoral. La cuestión pendiente es determinar qué funciones están realmente habilitadas, quién puede utilizarlas y qué controles independientes garantizan que su empleo se limita a la finalidad autorizada.

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