Una mujer llamada Pilar lleva años siendo víctima de una situación que, lejos de resolverse por completo, continúa generándole nuevos problemas. Después de haber soportado durante más de cinco años la ocupación de su vivienda por una inquilina marroquí que dejó de pagar tanto el alquiler como los suministros, ahora se enfrenta a un requerimiento de la Agencia Tributaria relacionado con ese inmueble situado en La Coruña, según avanza El Debate.

La afectada recibió recientemente una comunicación de Hacienda en la que se le solicita diversa documentación correspondiente a su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 2022. Entre los documentos requeridos figuran el contrato de arrendamiento, los justificantes de los ingresos obtenidos por el alquiler y los comprobantes de los gastos deducibles asociados a la vivienda, como recibos del IBI, seguros, cuotas de comunidad y otros conceptos contemplados por la normativa fiscal.

La notificación ha supuesto para Pilar revivir una etapa especialmente dolorosa. Durante años intentó recuperar una propiedad que había alquilado junto a su marido, ya fallecido, sin éxito. La arrendataria permaneció en la vivienda pese a incumplir sus obligaciones económicas y rechazó abandonar el inmueble incluso cuando las administraciones le ofrecieron alternativas habitacionales en más de una ocasión.

El conflicto llegó finalmente a los tribunales y concluyó con una resolución judicial que obligó a la ocupante a abandonar la vivienda. Sin embargo, cuando Pilar logró recuperar el piso, el estado del inmueble era muy distinto al que había dejado. Según relata, encontró numerosos desperfectos y comprobó además que el suministro de gas había quedado abierto, incrementando aún más su preocupación.

A los daños materiales se sumó una importante carga económica. La propietaria tuvo que afrontar facturas pendientes de servicios básicos acumuladas durante el tiempo que la ocupante permaneció en la vivienda. La deuda alcanzó varios miles de euros, una cantidad que agravó todavía más las consecuencias financieras de la situación.

Posteriormente surgió una posible vía para recuperar parte de ese dinero. Pilar tuvo conocimiento de que la Xunta podría asumir determinados gastos derivados del caso. No obstante, para acceder a esa compensación debía aportar una extensa documentación justificativa de los pagos efectuados. El problema es que algunos de esos abonos se realizaron mediante procedimientos de los que no conserva comprobantes suficientes.

La obtención de la documentación tampoco ha resultado sencilla. Según explica, incluso la empresa suministradora de agua ha dificultado la recopilación de algunos justificantes necesarios para completar el expediente exigido por la Administración, lo que ha retrasado cualquier posibilidad de recuperar las cantidades adeudadas.

El procedimiento judicial que puso fin a la ocupación culminó el pasado 5 de mayo. Desde el despacho encargado de la defensa de Pilar sostienen que la propietaria permaneció durante años en una situación de indefensión debido a la lentitud de los mecanismos administrativos y judiciales.

Durante el juicio, la ocupante argumentó que se encontraba en una situación de vulnerabilidad social para justificar su permanencia en la vivienda. Sin embargo, la defensa de Pilar aportó pruebas que, según el despacho jurídico, demostraban que la mujer había rechazado voluntariamente distintas soluciones residenciales ofrecidas por los servicios sociales, prolongando así su estancia en el inmueble.

Tras años de litigios, gastos extraordinarios y trámites burocráticos, Pilar reconoce sentirse completamente agotada. En una conversación telefónica expresó su frustración por todo lo sucedido y aseguró que no piensa desprenderse nunca de la vivienda que tantos problemas le ha ocasionado, convencida de que venderla no compensaría el largo calvario que ha tenido que soportar.