La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Seseña, Toledo, por integrar una red criminal dedicada a realizar empadronamientos fraudulentos para facilitar la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros en España.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un incremento desproporcionado e inusual de solicitudes de empadronamiento en la localidad. En algunos domicilios figuraban numerosas personas empadronadas, hasta el punto de que en una misma vivienda llegaron a registrarse 91 empadronamientos.

Tras analizar los expedientes tramitados, la Guardia Civil comprobó que muchas solicitudes habían sido realizadas de forma reiterada por las mismas personas o mediante contratos de arrendamiento con evidentes indicios de falsedad documental.

La investigación permitió identificar una estructura organizada que captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular de distintas nacionalidades, principalmente de Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. La red cobraba entre 300 y 400 euros a cada persona a cambio de facilitar la documentación necesaria para intentar regularizar su situación en España.

Los métodos utilizados consistían principalmente en la falsificación de documentos y en la presentación de autorizaciones supuestamente firmadas por propietarios de viviendas, con el objetivo de obtener empadronamientos irregulares.

Los investigadores han recopilado múltiples denuncias y testimonios de víctimas. La trama habría afectado a unas 400 personas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido no vincular esta operación con el proceso de regularización extraordinaria. Según ha precisado, la investigación «no es contra el proceso de regularización», sino que busca esclarecer empadronamientos ilegales en Seseña.

«La regularización en ningún caso contempla empadronamientos ilegales ni la regularización va a permitir que a través de ella se pueda haber cometido ningún tipo de delito», ha señalado.

Sabrido ha indicado además que muchos de los empadronamientos investigados, probablemente más del 50%, serían anteriores al 31 de diciembre de 2025 o al 1 de enero de 2026. Por ello, se analiza si alrededor de 200 empadronamientos previos a esa fecha responden a situaciones legales o no.

El delegado ha recordado que el empadronamiento es una competencia exclusivamente municipal, por lo que el Ayuntamiento de Seseña deberá comprobar si esos registros se ajustan a la realidad. También deberán revisarse los empadronamientos posteriores al 1 de enero.

«La Guardia Civil, en este caso, lo que está vigilando es que se cumpla la ley, y que se cumpla la ley es bueno para todos, para los empadronados y para los no empadronados, y por supuesto para la regularización», ha afirmado.